La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha reclamado a Instituciones Penitenciarias, que depende del ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, el cobro de saldos pendientes por la atención sanitaria que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) presta a los presos cuando estos necesitan, por ejemplo, ver a un especialista o que se les realice una prueba diagnóstica. El montante total que Interior debe a las arcas madrileñas a 31 de diciembre de 2023 ascendía a 35.059.945 euros. De esa cantidad, solo el 6% corresponde a facturas pendientes de 2023. El resto son de años anteriores, principalmente 2022, 2021 y 2020.
Según ha podido saber Infobae España, el número de facturas pendientes de cobro asciende a 13.234. Cada factura puede corresponder a una o varias prestaciones médicas dispensadas a un mismo recluso. Los hospitales madrileños que más deudas tienen con Instituciones Penitenciarias son el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, Infanta Leonor, La Paz, Móstoles, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Getafe, Príncipe de Asturias y el hospital del Tajo. Fuentes de la consejería de Sanidad señalan que la “Comunidad no puede embargar al Estado”, por lo que están reclamando por los cauces reglamentarios el cobro de esta deuda. “Ya hemos trasladado la información a la Intervención General del Estado”.
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En España los presos tienen un sistema de asistencia sanitaria peculiar. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 16/2003, de 28 de mayo, incluía una modificación importante en el sistema de sanidad penitenciaria. La disposición adicional sexta preveía que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias fueran transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
Se establecía entonces una moratoria de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley. Pero 20 años después, solo tres Comunidades Autónomas han asumido esta competencia: Cataluña (que ya tenía transferida esta competencia desde 1983); País Vasco, que lo hizo en el año 2011; y Navarra, que la tiene transferida desde el año 2021. Del resto, nada. Así, por ejemplo, un preso recluido en una cárcel madrileña tiene un médico de atención primaria en su prisión, pero si necesita ver a un especialista, hacerse una prueba como un TAC o demanda una intervención quirúrgica como una apendicitis, tiene que ser trasladado a un hospital. Y este pasa luego la factura en función de unos precios tasados.
El principal problema que se plantea para asumir esta competencia por parte de las Comunidades es el económico. Un informe del Gobierno Foral de Navarra calculaba que el coste total anual de la sanidad penitenciaria en España es de 131 millones de euros. Desde el sindicato Acaip-UGT recalcan que hay una “dejadez” por parte de las Administraciones en solucionar este tema, “ya que la sanidad penitenciaria debería estar transferida. No hay voluntad política porque las comunidades no quieres asumir el coste farmacéutico que supone”. Las últimas estadísticas (febrero de 2024) revelan que en las prisiones madrileñas cumplen condena 7.150 reclusos.
Un problema que viene de lejos
La Cámara de Cuentas, en un informe presentado en 2023 que analizaba la cuenta general de la Comunidad de Madrid, ya recordaba que Instituciones Penitenciarias debía dinero a la sanidad pública madrileña desde 2015 y que el problema se tuvo que dirimir en los tribunales. Y es que la Administración del Estado defendía que correspondía al SERMAS prestar la asistencia sanitaria a los presos en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos, de tal forma que consideraba que la facturación de los servicios únicamente correspondía en los casos en que los internos no tuvieran la condición de asegurado o beneficiario de la Seguridad Social.
Una cuestión que fue resuelta primero por el Tribunal de Justicia de Madrid en 2017 y ratificada por el Tribunal Supremo en 2019, en dos sentencias que respaldaron las liquidaciones de los precios públicos giradas por los distintos hospitales madrileños. Después de estas sentencias, la deuda de Instituciones Penitenciarias con Madrid pasó de 16,2 millones de 2020 a 23,3 millones en 2021 y 32,4 millones en 2022. En 2023 se cerró con 35 millones. Este diario ha preguntado a un portavoz de Instituciones Penitenciarias sobre si la Administración Central tiene cuantificada la misma deuda y qué plazos maneja para saldarla. No ha habido respuesta.
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