Nadie se explica el final que ha tenido la desaparición de Eduardo Jiménez Rolando, de 64 y natural de Málaga. Sus familiares, especialmente dos de sus hermanas, lo buscaban desde el pasado 26 de febrero tras varios días sin tener noticias sobre él. Consiguieron interponer una denuncia el día 8 de marzo, cuando la Policía Nacional comienza a investigar el caso como un posible homicidio. Pero Eduardo llevaba varios días muerto y enterrado en el cementerio de la ciudad por beneficencia -opción para personas sin recursos y financiada con fondos municipales-.
La cronología de esta rocambolesca y triste historia comienza el 26 de febrero, según relatan a Infobae España fuentes próximas a la familia de Eduardo. Apenas tenía contacto con ellos e iba cambiando de techo según podía. Eso sí, siempre llevaba apuntados los teléfonos de dos de sus hermanas por si le ocurría algo, ya que no se los sabía de memoria. Estaba en tratamiento por drogodependencia en un centro de salud que acabaría siendo clave en la resolución del caso.
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Dado ese escaso contacto, las hermanas le dieron unos días de margen para dar señales de vida, hasta que el 29 de febrero una de ellas, preocupada, acudió a comisaría con la intención de interponer una denuncia por desaparición. Sin embargo, los agentes le indicaron que Eduardo era “mayor de edad” y que aparecería en cualquier momento, según fuentes próximas a la familia.
Ese mismo día, una patrulla se dirigió a una vivienda en la capital malagueña ante la llamada del morador del inmueble, “quien informaba del fallecimiento de un conocido al que había acogido en casa”, según la nota aclaratoria emitida por la Comisaría Provincial de Málaga de la Policía Nacional. Era Eduardo Jiménez Rolando y había sufrido una muerte natural, como certificaron los servicios sanitarios que también se desplazaron al domicilio.
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Los policías, asegura el comunicado, realizaron “gestiones in situ para tratar de localizar a algún familiar” del fallecido, pero “resultaron infructuosas”. La nota añade que el propio morador de la vivienda, quien dio el aviso a los servicios de emergencia, “comentó que el fallecido le expuso que no tenía familia”. Desde ese momento, los servicios sociales del Ayuntamiento de Málaga se hicieron cargo de la situación.
Mientras tanto, la familia de Eduardo, que aún lo buscaba en Málaga, logró interponer la denuncia por desaparición el día 8. El caso quedó en manos del Grupo de Homicidios, que suele investigar crímenes y desapariciones con indicios de criminalidad. Con la denuncia en la mano, desde el centro de salud le comunican a los familiares de Eduardo que sus datos ya no aparecen en la base de la Seguridad Social. Ha fallecido. Tras varias gestiones y llamadas infructuosas, acudieron este martes al cementerio, donde les confirmaron que Eduardo fue enterrado el día 2 de febrero, 48 después de su muerte, por beneficiencia, un trámite que cuesta al Ayuntamiento unos 1.200 euros.
“Un precedente muy peligroso”
La asociación SOS Desaparecidos, tras desactivar la alerta por la desaparición de Eduardo y contactar con sus familiares, ha enviado sendos escritos exigiendo “explicaciones” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). En su nota, la Policía Nacional de Málaga reconoce que “no existe una base de datos de personas fallecidas por causas naturales”, por lo que no detectaron la muerte de Eduardo pese a la denuncia.
El presidente de la asociación, Joaquín Amills, denuncia que este caso sienta “un precedente muy peligroso” para las familias de las más de 6.000 personas desaparecidas en España, ya que siembra la duda sobre si su familiar ha podido correr el mismo destino.
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