El PSOE quiere prorrogar la suspensión de los desahucios a vulnerables hasta 2028

El grupo parlamentario socialista ha presentado este martes una enmienda en el Congreso de los Diputados para prorrogar la suspensión de lanzamientos hipotecarios o desahucios a deudores en situación de especial vulnerabilidad. La nueva marca atrasaría estos desalojos hasta 2028, una fecha que pactó con Podemos a cambio de su apoyo al decreto de ayudas anticrisis.

El documento, dirigido a la mesa de la comisión de Hacienda y Función Pública, propone añadir una disposición final nueva a la Ley 1/2013. Esta normativa se refiere a las medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. La reforma propuesta por el PSOE ampliaría el plazo de suspensión más allá de este mes de mayo, como establecía inicialmente.

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La legislación del 2013 daba once años de suspensión a los desahucios vulnerables. Según expone el texto actual “hasta De acuerdo con la redacción actual, la ley prevé que, hasta transcurridos once años desde su entrada en vigor, “hasta transcurridos once años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona física o jurídica la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo”. El texto inicial fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de mayo de 2013, de modo que los once años de la suspensión expirarían dentro de dos meses, el próximo mayo de 2024.

Los supuestos de especial vulnerabilidad según la ley

En concreto, se reconoce como especialmente vulnerables a las familias numerosas, las familias monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares que cuenten con menores de edad, las familias en las que haya una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % o en “situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral”. También se incluyen familias en las que el deudor hipotecario esté desempleado o sea mayor de 60 años, o familias en las que exista una víctima de violencia de género.

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Igualmente, el conjunto de los ingresos familiares no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual. Para que aplique la suspensión, en los cuatro años anteriores a la solicitud, la unidad familiar debe haber sufrido una alteración significativa en su economía y la cuota hipotecaria debe superar el 50 % de los ingresos netos de todos los miembros.

Una propuesta pactada con Podemos

Ahora el PSOE, en su enmienda, plantea una disposición final nueva que modifique el plazo “hasta transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta ley”. Por tanto, la suspensión se prorrogaría hasta mayo de 2028. Esta propuesta fue, precisamente, una de las condiciones de Podemos para apoyar el escudo social, que en un primer momento amenazó con rechazar.

*Con información elaborada por EFE