El principal sindicato de médicos en la Comunidad de Madrid, Amyts, y la plataforma AP Se Mueve, han pasado a la acción y han anunciado medidas legales para reclamar que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso elabore un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para los médicos de familia y pediatras de la región.
Ambas plataformas, que identifican un total de 350 denuncias ya existentes sobre este asunto, anuncia una “campaña judicial” para lograr indemnizaciones como la que recientemente obtuvo un médico de Atención Primaria, que fue compensado con 8.000 euros por parte de la Consejería de Sanidad de Fátima Matute tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
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“La Comunidad de Madrid tiene abandonada a la Atención Primaria”, aseguran Amyts y AP Se Mueve en un comunicado conjunto, donde advierten que han aunado fuerzas para una estrategia judicial que aspira a “lograr sustanciosas indemnizaciones para aquellos médicos de Familia y pediatras que denuncien a la Comunidad de Madrid por la ausencia de Plan de Prevención de Riesgos Laborales”.
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“Ya son varios los fallos favorables a los profesionales y contrarios a la Administración, en juicios celebrados en primera instancia. En este sentido, la Consejería de Sanidad ha incumplido con la protección a los profesionales al no desplegar un plan de prevención, tal y como le ordenó la Justicia hace más de dos años. La Comunidad de Madrid está obligada a elaborarlo y no lo cumple. Varias sentencias favorables reconocen el derecho a una indemnización, que se haría extensible a aquellos profesionales que denuncien”, advierten las organizaciones.
La Comunidad de Madrid acumula varias sentencias por sus planes en Prevención de Riesgos Laborales. A una de febrero de 2023 se unió otra más reciente en mayo, donde se citaba que la Comunidad de Madrid tenía un “flagrante incumplimiento” de sus deberes en esta materia.
Otras sentencias claves
Hace unas semanas, el Tribual Supremo (TS) ya reprendía a la Comunidad de Madrid por el despido de una sanitaria y abría la puerta a indemnizaciones millonarias. El TS daba la razón a un recurso de casación interpuesto por Comisiones Obreras (CCOO) contra una sentencia dictada. Una sanitaria interna del Hospital de Fuenlabrada fue despedida para que su puesto fuera ocupado por una persona que había obtenido plaza, pero en su proceso se cometieron irregularidades que la Justicia ha reconocido, sentencia que firma un precedente importante para, al menos, otros 70 trabajadores que sufrieron el mismo conflicto.
Tras la resolución de un litigio particular de una empleada, que recibirá entre 15.000 y 20.000 euros de indemnización por su despido irregular, la Comunidad de Madrid se ve frente a un conflicto que puede escalar y aumentar su dimensión. Al haber implicados profesionales y haber dictado el Supremo una sentencia que puede sentar precedente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puede enfrentarse a pagar costes por más de un millón de euros, ya que otros 40 trabajadores tienen abiertos pleitos similares y la doctrina del Supremo puede haber sentado un precedente contundente.
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