Almeida venderá parcelas a privados para que construyan 640 viviendas “asequibles” para la ‘clase media’: esto es lo que debes ganar para optar a ellas

El Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida define la nueva iniciativa que ha presentado este lunes como “concurso público inédito hasta el momento”: sacar a la venta doce parcelas residenciales de propiedad municipal para que promotores privados las compren y construyan 640 viviendas en alquiler que durante 15 años deberán ofertar con “rentas asequibles para los futuros inquilinos”. ¿De qué rentas estamos hablando?

Aunque no hay datos concretos, los inquilinos no deberán pagar más del 25% de los ingresos de su unidad familiar por la vivienda (el Banco de España recomienda que este porcentaje no sea superior al 33%). En los pliegos de la licitación se establecerá de forma vinculante esa “renta asequible” o “renta máxima de alquiler”, que se obtendrá de aplicar un coeficiente de reducción sobre las rentas de mercado en función de la localización de cada parcela.

Te puede interesar: Así será la obra faraónica de Almeida: 405 millones para enterrar la A-5 y construir un gran Paseo Verde de 3 kilómetros

El objetivo es construir las 640 viviendas en ocho ámbitos de los distritos de Arganzuela (Nuevo Mahou-Calderón); Chamartín (calle José Vasconcelos); Latina (La Medina); Carabanchel (Mercedes Arteaga); Puente de Vallecas (calle Doctor Sánchez y Sierra Toledana); Ciudad Lineal (avenida de Aroca-barrio Bilbao); Villaverde (El Espinillo), y Barajas (Sector Norte Corralejos). Para llegar a ese porcentaje del 25%, las reducciones sobre las rentas de mercado varían desde el 10% y el 13% en las parcelas que se sitúan en Barajas y el 37% en las parcelas ubicadas en Puente de Vallecas.

“Este reparto favorece el reequilibrio territorial, orientando la oferta de alquiler social asequible hacia los distritos situados al sur de la almendra central, donde se localizan ocho de las doce parcelas, concentrando el 70% de las futuras viviendas. Además, un 25% de las 640 viviendas tendrán que estar reservadas para inquilinos menores de 35 años.

Las bases de la convocatoria también establecerán el límite máximo de los ingresos de los futuros inquilinos que quieran optar a estas viviendas, que se calculará en función del número de personas que integran la unidad familiar y los niveles de renta que ya existen en esos barrios. “Se pretende atender a estratos socioeconómicos afectados por la subida del alquiler que tienen difícil acceso a las viviendas de protección pública por razón de renta o circunstancias familiares y tampoco pueden acceder a una vivienda a precio de mercado”, explican desde el Ayuntamiento. Es decir, que ganan lo suficiente para no optar a una vivienda pública, pero no lo demasiado para optar a los precios actuales del mercado privado.

Según ha podido saber Infobae España, ese límite de ingresos variará en función del barrio donde se ubiquen las viviendas. Por ejemplo, si la unidad familiar está compuesta por una persona, ese límite de ingresos varía entre 4,5 y 6 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, entre 32.400 y 43.200 euros anuales. Si la familia tiene entre dos y cinco miembros, los ingresos totales deberán oscilar entre 6 y 7,5 veces el IPREM (entre 43.200 y 64.000 euros). Según el INE, el hogar medio en España está compuesto por 2,4 miembros. Si la familia tiene más de seis componentes, los ingresos máximos para solicitar estos pisos varían entre 7,25 y 8 el IPREM (entre 52.200 y 61.200 euros).

Te puede interesar: Almeida aprovecha el tirón de la Fórmula 1 para dar un pelotazo de 117 millones junto al futuro circuito

Pedro Barrero, concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital, asegura que es imprescindible “conocer las condiciones reales y los términos en que se va a propiciar la venta de suelo público a promotores privados para construir 640 viviendas. Una estrategia que pasa por obviar a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y elimina de un plumazo la posibilidad de gestionar públicamente estos lotes de vivienda”. Barrero también cuestiona ese plazo de 15 años. “¿Qué va a pasar después? ¿Después de estos 15 años ya no van a existir más jóvenes o familias necesitadas de un alquiler social asequible? Nos queda la duda de que esto vuelva a ser un nuevo pelotazo urbanístico por la puerta de atrás”.

Los futuros inquilinos siempre serán personas físicas y no podrán disponer de vivienda en propiedad en Madrid. Solo podrán ser arrendatarias a la vez de una vivienda en el conjunto de las parcelas ofertadas en otros programas del Ayuntamiento. Estará prohibido el subarriendo.