Caso Negreira: la Fiscalía niega imputar al Barça por cohecho

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al F.C. Barcelona por los pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. El ministerio público considera que no puede ser considerado funcionario público.

Según han informado a EFE, los fiscales del caso Negreira han presentado un escrito en el que se adhieren a los recursos que las defensas interpusieron contra la decisión del juez instructor de investigar al Barça, a los directivos del club imputados y al propio Negreira por un delito de cohecho.

Este delito, que debe ser juzgado por un tribunal popular, castiga el pago de sobornos a funcionarios públicos, sin necesidad de que esté acreditada la contraprestación recibida a cambio de las dádivas.

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La Audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que el pasado mes de septiembre añadió el delito de cohecho a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuye a los investigados en el caso Negreira.

Pese a que Enríquez Negreira no era funcionario, como exige el tipo penal del cohecho, el juez concluyó que tiene esa condición “a efectos penales, dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente de la CTA, entre otras relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos”.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción -que fue la que presentó la denuncia en el juzgado por los 7 millones de euros que el FC Barcelona pagó a Enríquez Negreira y a su hijo, entre los años 2001 y 2018- se ha desmarcado del juez instructor y ha apoyado los recursos presentados por las defensas ante la Audiencia.

Negreira no es considerado funcionario público

Para el ministerio público Negreira no concurre como funcionario público, ni siquiera por la analogía de las funciones que desempeñaba al frente el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

En ese sentido, el recurso avisaba de que la incorporación del cohecho “pone un retrovisor que mira hasta el año 2001, en que se inician los pagos vinculados a José Enríquez Negreira y sus mercantiles”, lo que proyectaría la eventual condición de imputado a otras directivas del FC Barcelona.

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De hecho, un mes después, el juez acordó imputar en el caso Negreira al presidente del Barça, Joan Laporta, al concluir que los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito porque constituyen un delito de cohecho continuado.

La Fiscalía Anticorrupción, además del propio Laporta, recurrió entonces la imputación del presidente del Barça al concluir que sus posibles delitos habrían prescrito en julio de 2020, sin que se le pueda considerar responsable de los pagos que hicieron las juntas directivas que lo sucedieron, una cuestión que también tiene que resolver la Audiencia de Barcelona.

En su recurso en contra de su imputación, Laporta consideró que el “giro jurídico” imprimido por el juez para imputar también cohecho en este procedimiento venía motivado por una “necesidad de supervivencia de la causa”, ya que demostrar que se alteró de forma fraudulenta la competición deportiva (el delito de corrupción deportiva) “entraña mucha más dificultad” que el de soborno.

Sin “control activo e intenso”

Laporta insiste en su recurso en que ni la Federación Española de Fútbol (RFEF), ni el Colegio Técnico de Árbitros (CTA) están sometidos a un “control activo e intenso” por parte de ninguna administración y que Negreira “no puede ser considerado funcionario a efectos penales”.

Resalta además que la RFEF forma parte de la FIFA, un organismo internacional que “predica el apoliticismo deportivo”, de manera que en sus estatutos establece normas dirigidas a “impedir inferencias gubernamentales, considerando las competencias relativas a entrenadores, comités de disciplina y apelación, designación de árbitros y tribunales arbitrales como propias y no transferibles a autoridades gubernamentales”.

En la misma línea, el expresidente azulgrana Sandro Rosell también rechazó que se pueda incluir en la causa el delito de cohecho porque entiende que la RFEF es una “entidad privada” y que, en consecuencia, “de ninguna manera puede atribuirse la condición de funcionario público a quien ejerce un cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros”.

* Información elaborada por Agencia EFE

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