Los propietarios de pisos en alquiler pueden desgravarse este año entre un 50% y un 90% de las rentas obtenidas

La Ley de Vivienda que entró en vigor en mayo del año pasado tiene entre sus objetivos estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles para frenar la subida de las rentas. Para conseguirlo incluye un paquete de medidas que benefician a los pequeños propietarios, entre ellas, deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que se aplican a los ingresos generados por el arrendamiento y que van del 50% al 90%.

Estas ventajas fiscales, que han entrado en vigor el 1 de enero de este año y que deben incorporarse en la declaración de la renta de 2025, establecen, como norma general, una bonificación del 50% que puede aumentar hasta el 90% si se cumplen determinados requisitos.

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Solo pueden acogerse a ellas los pequeños propietarios, es decir, los que tengan menos de cinco viviendas ubicadas en zonas de mercado tensionado. Para ello, es necesario que las comunidades autónomas declaren cuáles son estas zonas. Hasta ahora ninguna lo ha hecho. No obstante, Cataluña tiene previsto hacerlo en febrero, convirtiéndose en la primera región en regular el precio del alquiler, según ha explicado la consellera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella.

El Govern catalán ha esperado durante meses que el Gobierno español publique el índice de referencia para las llamadas zonas tensas y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha comprometido a hacerlo en las próximas semanas.

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Rehabilitar o alquilar a jóvenes aumenta la bonificación

En este contexto, la Ley de Vivienda fija en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción en el IRPF del 50%, que podrá incrementarse en función de criterios como la bajada del precio del alquiler en zonas tensionadas.

Además, los caseros que alquilen una vivienda en la que se han realizado obras de rehabilitación y de mejora dos años antes de la firma del contrato de arrendamiento tendrán un incentivo fiscal del 60%. Para ello, su coste total deberá superar el 25% del precio de adquisición o del valor de mercado de la propiedad.

La bonificación aumenta hasta el 70% cuando el propietario es una entidad pública o una organización sin fines de lucro, que destina el inmueble al alquiler social, con una renta mensual inferior a la establecida en el programa de ayudas del Plan Estatal de Vivienda.

También llega al 70% cuando se alquila por primera vez una vivienda que se encuentra en una zona residencial tensionada y el inquilino tiene entre 18 y 35 años.

El mismo porcentaje lo reciben los arrendatarios cuyos alquilados son personas en situación de vulnerabilidad económica debido a que se han quedado sin empleo o sus ingresos han caído al menos un 40% o a familias cuya renta no supera los umbrales del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La bonificación más elevada, un 90%, la reciben los caseros cuyo inmueble en alquiler está en una zona tensionada y en el contrato de arrendamientos incorpora una bajada de la renta de al menos un 5% respecto al contrato anterior.

Agustina Battioli, experta del sector inmobiliario de Fotocasa, pone el ejemplo de un arrendatario con una vivienda en alquiler a un precio de 800 euros que aplica una reducción del 5%, por lo que el precio queda en 760 euros al mes.

“Este propietario, cuyos rendimientos netos eran de 6.384 euros, actualmente tributa un 60% es decir, 3.830 euros. Con la nueva ley conseguiría una reducción de hasta el 90%, por lo que el importe sujeto a tributación descendería hasta los 638 euros”, señala Battioli.