Nuevo subsidio por desempleo, viajes gratis en tren… las medidas anticrisis del Gobierno que están en peligro por el voto de Junts

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado 27 de diciembre un paquete de medidas anticrisis, el octavo desde el inicio de la guerra de Ucrania con sus consecuencias en el alza de precios. Se trata de una nueva prórroga del grueso de las medidas que viene convalidando el Congreso de los Diputados desde febrero del año 2022. Sin embargo, en esta ocasión, Sánchez no tiene asegurados los apoyos parlamentarios para que las Cortes den luz verde a la convalidación del decreto anticrisis en el pleno del 10 de enero.

Y es que Junts avanza que votará en contra de los tres reales decretos del Gobierno (el paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y la ley ómnibus), alegando que el decreto ómnibus incorpora un artículo, el 103, con modificaciones a la ley de enjuiciamiento civil, un movimiento que los independentistas temen que afecte a la aplicación de la ley de amnistía, debido a la reforma el artículo 43 bis de la ley, sobre la “cuestión prejudicial europea”.

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Esta cuestión prejudicial es un mecanismo para la aplicación homogénea de las normas en el sistema europeo, y permite plantear al Tribunal de Justicia de la UE dudas sobre la interpretación del derecho de la UE sobre una norma, como puede ser la amnistía. Se trata de un mecanismo que Junts teme que suspenda las actuaciones de la ley hasta su resolución por parte del TJUE, lo que el partido de Puigdemont se niega a pasar por alto, y es que la mencionada “cuestión prejudicial” sería una especie de puerta de entrada de los tribunales europeos al debate local sobre la amnistía. Sin embargo, el Gobierno asegura que en la práctica no hay ningún cambio y que se trata de un malentendido porque lo único que hace es armonizar las legislaciones de España y Europa, sin ninguna intención oculta de paralizar la ley de amnistía.

Medidas anticrisis en riesgo

El rechazo de Junts afecta a los tres decretos del Gobierno. Del paquete de medidas contra la inflación, que a día de hoy están en marcha, aunque pendientes de la convalidación del Congreso, el rechazo de los independentistas afectaría a la gratuidad de los viajes en Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales en autobús para usuarios frecuencias, así como al descuento en Avant. También pondría fin a la medida para suspender los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición del corte de suministros básicos de luz, agua y gas. Y se suspendería la prohibición de despedir a causa de la crisis energética para las empresas que han recibido ayudas directas.

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También afectaría a la rebaja del IVA para alimentos básicos, que pasaría del 0 al 21%, y de pastas a aceites, que con el decreto se reducía al 5%, y también volvería al 21% previo a la guerra de Ucrania. El bono social para familias vulnerables también se quedaría sin el máximo descuento, y decaería la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano en 19,55 €. La industria también se vería afectada, al no aplicarse la reducción actual al 80% de los peajes eléctricos para la industria electro intensiva y flexibilidad en los cambios de contratos de suministro eléctrico.

En cuanto al real decreto-ley ómnibus, si el Congreso de los Diputados no aprueba esta prórroga, no se revalorizarán las pensiones contributivas al 3,8%, y las personas mayores y con discapacidad volverían a enfrentarse a las comisiones bancarias por la retirada de efectivo en ventanilla. También volvería a haber comisiones y compensaciones bancarias por la amortización anticipada de créditos a tipo variable. Y, además, afectaría a la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital para las autonomías que lo soliciten (dentro del Régimen Común). También es importante la aprobación del decreto ómnibus porque de ello depende la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

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El tercer decreto afecta al subsidio por desempleo para trabajadores de más de 52 años, por el que la base de cotización bajará de forma progresiva durante los próximos años. Se trata de una rebaja que, si se convalida este miércoles en el Congreso, se hará de forma gradual para pasar de la situación actual, en la que se cotiza por el 125% de la base mínima vigente en cada momento, al objetivo del 100% que el Gobierno ha diseñado para dentro de cinco años. De este modo, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años cotizarían por el 120% de la base mínima en 2024, por el 115% en 2025, por el 110% en 2026, por el 105% en 2027 y, finalmente, por el 100% en 2028.