Elma Saiz desbarata las cuentas de Escrivá: la pensión de viudedad ya es sólo un 13% inferior a la proyectada para 2027

La nueva ministra de la Seguridad Social, Elma Saíz, ha iniciado su andadura al frente de esta cartera con una subida de las pensiones de viudedad del 14%. Este incremento, que tiene como objetivo blindar el poder adquisitivo de estos pensionistas, situará la prestación para los beneficiarios con cónyuge a cargo en los 14.460 euros, una cifra sólo un 13% a la que se proyectaba para dentro de 3 años.

El pasado martes, el Gobierno anunciaba que la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se incrementará un 14,1%, desde los 905,9 euros actuales al mes hasta cerca de 1.033,6 euros mensuales. La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contemplaba mejoras en las pensiones mínimas contributivas. En concreto, la norma establece que éstas experimentarán, desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.

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Sin embargo, el pasado mes de octubre, el antecesor de Saiz, José Luis Escrivá, presentó el informe de Proyecciones del Gasto Público en Pensiones en España, en el cual se establecían las cuantías en las que se iban a incrementar las prestaciones de forma que se lograse un equilibrio entre la protección económica de esta generación y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

“La cuantía mínima de la pensión de viudedad con cargas familiares y de las pensiones contributivas con cónyuge a cargo, excepto la de incapacidad permanente total de menores de 60 años, será desde el año 2024 igual a la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva con titular mayor de 65 años, con cónyuge a cargo” aseguraba el citado informe.

Así, el ahora ministro de Transformación Digital, estimaba que, teniendo en cuenta la inflación de los próximos años y el umbral de renta proyectado, las pensiones de viudedad con cónyuge a cargo alcanzarían los 16.471 euros anuales en 2027. Una cifra que en 2024, tres años antes, será tan sólo un 13% inferior, lo que pone en peligro los cálculos establecidos por Escrivá.

La reformulación de estas proyecciones podría pasar por que las subidas previstas para la prestación de viudedad durante los próximos años se reduzcan para lograr esa cifra prevista. Sin embargo, fuentes del sector destacan que esta medida es bastante improbable dado que, de acometerse, la revalorización de estas pensiones para 2025, 2026 y 2026, se situarían en tasas muy cercanas a la inflación. La otra opción que se genera es el incumplimiento de estas proyecciones, aumentando aún más el déficit del sistema. Un statu quo que ya se está produciendo y sobre el que ya están alertando organizaciones como la OCDE o la AIReF.

Avisos sobre la reforma de las pensiones en España

La reforma del sistema de pensiones en España, acometida por el Gobierno entre 2021 y 2023, supondrá un mayor incremento de los gastos que el crecimiento esperado de los ingresos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recoge el planteamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al advertir de un aumento del déficit de 1,1 puntos porcentuales para 2050.

Así, recogiendo los cálculos de la AIReF, se estima que estas medidas, junto con una reforma de las cotizaciones de los autónomos, generarán ingresos anuales del 1,3% del PIB en 2050, añadiendo que, dada la previsión de un rápido aumento de los gastos en pensiones hasta 2049, el fuerte aumento de la base máxima de cotización, combinado con un aumento limitado de la pensión máxima, ayudará a financiar el aumento de los gastos.

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Sin embargo, la OCDE advierte de que los ingresos adicionales “sólo cubren parcialmente los crecientes gastos derivados principalmente de la reintroducción de la indexación”, ya que se prevé que los gastos anuales aumenten un 2,4% del PIB, “lo que se traducirá en un aumento previsto del déficit del 1,1% del PIB en 2050″.

Por otro lado, señala que, en cuanto a la ampliación del período de cotización de referencia para calcular las pensiones, que fue una demanda clave de la Comisión Europea, “en lugar de introducir un cambio significativo en este ámbito”, España optó por una pequeña extensión y un largo período de transición con impactos “poco claros”.