Los sindicatos desconvocan la huelga de Renfe y Adif tras llegar a un acuerdo con Óscar Puente

El Ministerio de Transportes se compromete a mantener las condiciones sociolaborales de la plantilla y a garantizar la “integridad del Grupo Renfe y Adif”. En esta línea, promete mantener los puestos de trabajo y su operación tanto para el proceso de Renfe Mercancías, como en el de Rodalies de Cataluña

Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe (Europa Press)
Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe (Europa Press)
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Los comités de empresa de Renfe y de Adif han decidido desconvocar las cinco jornadas de huelga que se iniciaban este viernes 24 de noviembre porque han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, liderado desde hace dos días por Óscar Puente. Los otros cuatro días de paros convocados eran el 30 de noviembre y el 1, 4 y 5 de diciembre. Aunque la huelga no se celebrará en los términos previstos inicialmente, el sindicato CGT ha manifestado que estudiará en su asamblea de la semana que viene si continuará con algún tipo de paro.

Los cinco sindicatos representados en cada empresa tenían la intención de ir a la huelga por el perjuicio que les supondría el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña en los términos recogidos en el acuerdo político entre ERC y el PSOE y a este motivo también habían añadido la “privatización encubierta” de Renfe Mercancías, una polémica anterior.

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Según el acuerdo firmado por Óscar Puente y los sindicatos al que ha tenido acceso Infobae España, el ministerio “manifiesta su firme compromiso con el mantenimiento de las condiciones sociolaborales de la plantilla y, especialmente, con la garantía de integridad del Grupo Renfe y Adif”. En esta línea, se compromete al mantenimiento de los puestos de trabajo y su operación tanto para el proceso de Renfe Mercancías, como en el de Rodalies de Cataluña. Se recalca además que las dos cuestiones se llevarán a cabo “no afectando a los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de las empresas públicas”.

Este era el principal motivo de protesta de los sindicatos, que alertaban de que al pasar a pertenecer a una tercera empresa con la Generalitat de Cataluña como socio mayoritario perderían los derechos recogidos en los convenios colectivos de Renfe y Adif. También pasarán a esta nueva sociedad las infraestructuras y los vehículos, según el acuerdo con ERC. El documento firmado con el Ministerio de Transportes no detalla cómo se compatibilizará el cambio de empresa con mantener las condiciones laborales, el encaje jurídico de esta fórmula se diseñará en una nueva mesa de diálogo.

El otro punto clave del acuerdo es el compromiso de que ambos procesos que provocaron la convocatoria de la huelga “contarán con la participación de la representación legal de los trabajadores en las mesas de negociación específicas que se originen para tratar ambas problemáticas”. Esto es algo que no había sucedido hasta el momento, ya que el traspaso de Rodalies surge de un acuerdo político sin consulta previa a los comités de empresa y el ministerio solo se reunió inicialmente con algunos sindicatos, no con los comités.

Reunión antes del 15 de diciembre

Para garantizar que estos dos puntos se cumplen, se acordará por las partes (ministerio y sindicatos) el marco jurídico que permita acometerlos y, además, se establecerá una “mesa de diálogo permanente” para “transmitir la visión y modelo ferroviario que reivindican los trabajadores ferroviarios”. Con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y dar tiempo a generar los equipos negociadores y definir responsabilidades por parte del ministerio, ambas partes se convocan a una reunión antes del 15 de diciembre para tratar los puntos acordados.

Por otra parte, el ministerio promete mantener los criterios de eficiencia, seguridad y calidad “en todos los ámbitos e infraestructuras de la red” sin rebajar los estándares por los que actualmente están regidos, tanto europeos como nacionales, “incluidas las titulaciones requeridas para operar en la red ferroviaria de interés general”.

Esto se debe a que los sindicatos consideran que traspasar las vías y estaciones a la Generalitat podría suponer salir de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y “abandonar los requerimientos legales y profesionales establecidos por las directivas europeas”. Si esto sucediera, los trabajadores perderían las habilitaciones que les permiten trabajar en cualquier punto de España y Europa, imposibilitando la interoperabilidad en estas vías segregadas de trenes provenientes del resto del Estado o de Europa.

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