Ayuso tramita nuevas privatizaciones en residencias de mayores en plena investigación por los muertos durante la pandemia

“Saltarse la ley es y debe seguir siendo delito”, aseguraba este martes Isabel Díaz Ayuso en rueda de prensa. No se refería a la investigación a la que se somete su Gobierno por las muertes en las residencias, hablaba de la ley de amnistía que habilitaría la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Ese mismo día, una médica reconocía que en el centro de mayores donde trabajaba se le ordenó no pedir el traslado a un anciano que, más tarde, fallecería por covid sin recibir atención médica.

En una nueva jornada de declaraciones de testigos por la muerte de un anciano en una residencia en Collado Villalba, punto de partida para que la jueza llamara a declarar a altos cargos del Gobierno de Ayuso para saber más sobre los llamados “protocolos de la vergüenza”, que impidieron la derivación hospitalaria de ancianos y produjeron 7.291 muertes, una sanitaria ha dado testimonio de la obligatoriedad que tenían los trabajadores de cumplir esas órdenes, versión que el Ejecutivo niega totalmente, ya que asegura que estas indicaciones eran meras recomendaciones.

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“La médico ha asegurado que, para ella, los protocolos eran obligatorios”, asegura Carlos Vila, abogado de las víctimas de los fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. “Ha reconocido que pidió que la ingresaran, pero que la geriatra del hospital de referencia dijo que no”, declara a Infobae.

Por su parte, Carlos Mur, alto cargo de la Consejería, ha señalado a Enrique Ruiz Escudero, al mando de la cartera, como responsable de la medida, y durante su testimonio, ha asegurado que los firmó a pesar de no estar del todo de acuerdo porque el consejero era su jefe. Aún quedan algunas jornadas de testimonios y Vila asegura que hay opciones de que Ayuso sea llamada a declarar: “La jueza podría llamar a declarar a Ayuso, otra cosa es que lo haga”.

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Las residencias, de nuevo en manos de empresas privadas

Recién presentados los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo del Partido Popular ha vuelto a licitar pliegos para que la gestión de varias residencias queden en manos de empresas privadas. Entre las posibles adjudicatarias se encuentran las mismas compañías que hasta la fecha han llevado a cabo esta tarea, como el caso de Centenari, que ha ido a juicio contra varios de sus trabajadores por malas condiciones laborales.

Los estudios a raíz de los muertos en las residencias durante la primera ola de la pandemia demostraron que los centros de gestión privada tuvieron una mortalidad mucho más alta que los públicos. Una investigación publicada en la revista Epidemiología revelaba que durante los meses de marzo y abril de 2020, el 7,4% de los internos de centros de gestión pública fallecieron, frente al 21,9% de los de gestión indirecta.

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A pesar de las pruebas científicas, el Gobierno de Ayuso ya ha publicado nuevos pliegos para que empresas privadas gestionen varias residencias de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, las residencias de El Berrueco, Mirasierra, Ensanche de Vallecas, Isabel la católica (en el barrio de Ventillas), Peñuelas y Leganés ya están pendientes de una nueva empresa que licite para obtener sus servicios. La gestión indirecta se mantendrá a pesar de los datos.

Las partidas presupuestarias han aumentado respecto a los pliegos anteriores, aunque eso no se traduce en mejoras directas para las personas residentes en los centros, asegura Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, “Han subido las partidas por la obligación de adaptarse a tasas salariales, porque hay un nuevo convenio. En algunos casos, como en Peñuelas, reducen el número de gerocultoras. En material laboral van hacia atrás totalmente, no van a suponer una mejora en la calidad de atención de los mayores”, asegura.

Además, la diputada denuncia que hay contrataciones que habilitan a que estas mismas empresas también lleven a cabo subcontratas: “Es una privatización sobre la privatización. Permite que se subcontrate ya no el servicio de transporte o podología, es que subcontratan el médico, el psicólogo o un fisioterapeuta. Hay empresas que serán contratadas por la empresa privada”, arguye.

En total, la nueva partida presupuestaria aumentará más de 700 plazas concertadas, mientras que el número de plazas públicas ha descendido levemente. “Es la voracidad privatizadora más absoluta. Con el cuidado de los mayores hay cosas tan delicadas que con eso no se puede hacer caja”, zanja Morales.