El precio de ERC a la investidura: Rodalies, amnistía y condonación de la deuda

La investidura de Sánchez cada día parece estar más cerca. El pacto alcanzado entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Catalunya supone un paso más en la carrera del PSOE para revalidar el Gobierno de coalición. Los pagos por el acuerdo de legislatura no han sido barato, ni tampoco fáciles de asumir por parte de los de socialistas.

El acuerdo presentado por Oriol Junqueras, por parte de ERC y por el ministro Félix Bolaños, y el líder del PSC, Salvador Illa, por el PSOE, consta de 14 páginas y cuatro líneas maestras: el voto a favor de la investidura, la aprobación de una ley de amnistía, avanzar en el diálogo político entre la Generalitat y el Gobierno central e “implementar una agenda de reformas y transferencias”.

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El punto más difícil de asumir para los socialistas ha sido, sin duda, la aprobación de la Ley de Amnistía, un texto que aún se está negociando y que ninguno de los grupos políticos implicados ha dado a conocer a falta de cerrar los últimos detalles con Junts per Catalunya. Sobre este texto legal, el documento se limita a reconocer este instrumento como la mejor vía para resolver el conflicto político y dejar paso a “una fase de planteamiento, análisis y diálogo sobre propuestas políticas” que permitan alcanzar acuerdos que “puedan ser refrendados por el pueblo catalán”, expresa el escrito sin dar más detalles.

De forma paralela, se creará un espacio de negociación entre ambos partidos que haga seguimiento del proceso de negociación. Para este cometido “se designará de común acuerdo a una persona de reconocido prestigio para realizar dichas labores”, apunta el acuerdo.

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En plena pugna por controlar el relato dentro del sector independentista, ERC, parece haber asumido que el rédito de la amnistía ya lo ha capitalizado Puigdemont. Por esta razón, durante la presentación del pacto, tanto Oriol Junqueras, como los socialistas, prefirieron centrarse en los aspectos económicos y sociales del pacto.

Traspaso de Rodalies

Es una de las grandes victorias de ERC. En el año 2010 el Estado traspasó la gestión de los Rodalíes, pero se quedó en el tintero su titularidad que permaneció en manos del Estado. Con este acuerdo, los independentistas logran que se cree una sociedad distinguida, una empresa pública de Rodalíes de Catalunya. Esta futura compañía estará participada, mayoritariamente, por la Generalitat, aunque Renfe transferirá “los recursos financieros y humanos necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies en Cataluña”.

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El Consejo de Administración contará con miembros de la Administración General del Estado y de la Generalitat a partes iguales, aunque “se nombrará un presidente con voto de calidad, también miembro del consejo, propuesto por la Generalitat”.

Sobre la titularidad de las vías, el Estado se ha negado a traspasar su gestión o propiedad, pues muchas de ellas son utilizadas para conectar Cataluña con el resto del territorio. No obstante, si cede la titularidad de las vías en los casos donde el servicio solo se preste en la comunidad “y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de la Red Ferroviaria de Interés General”.

Deuda e inversiones

Victoria, pero descafeinada es el acuerdo alcanzado en materia fiscal. Los republicanos exigían para el sí a Sánchez “el fin del déficit fiscal”, cuestión inasumible para el PSOE. Sin embargo, ambas formaciones han pactado que “El Estado asumirá la quita del 20% de la deuda viva en el momento de ejecución de este acuerdo contraída por la Generalitat de Cataluña con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales”. Una cifra que el propio documento cifra en 15.000 millones de euros “y supondrá un ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses”.

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Tanto el PSOE como ERC señalan que esta condonación tiene como objetivo “sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda”. La aplicación de esta medida ha acarreado críticas por parte del resto de comunidades que ya han exigido el perdón de parte de su deuda, al igual que Cataluña, asunto que también incluye el documento. “Se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este”.

Los compromisos alcanzados en materia financiera también incluyen inversiones en investigación por valor de 150 millones de euros o, hasta 2030, el pago de 130 millones de euros para el aumento del despliegue de los Mossos d’Esquadra.