Las familias vulnerables asumirán la deuda generada por la prohibición del Gobierno de cortar la luz si no se mantienen las medidas anticrisis

Ante la situación de desprotección originada por la crisis del coronavirus y la posterior subida de los precios de la luz, una de las medidas estrella del Gobierno de la última legislatura contra la pobreza energética fue prohibir los cortes de suministros básicos –luz, agua y gas– a las familias más vulnerables. Se aprobó durante el coronavirus y se fue extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta medida se aplica a todos los perceptores del bono social. Según los últimos datos de la CNMC, un total de 1.455.022 hogares se benefician de él, y aunque podrían ser más, también de la moratoria de cortes de luz. Sin embargo, en la norma, no se especifica qué va a pasar con la deuda una vez finalicen estas medidas.

Según el informe Radiografía del Lobby del Mercado Eléctrico elaborado por Alianza contra la Pobreza Energética, Enginyeria, SenseFronteres y Fossil Free Politics, el ministerio de Teresa Ribera asegura que la deuda es de una cantidad “pequeña”, pero no aportan la cantidad ni quién se va a hacer cargo. La Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC) tampoco da respuestas. Desde fuentes directas del sector eléctrico, no facilitan los datos de la deuda, pero sí que aclaran quién, según ellas, tendrá que afrontarla: las familias vulnerables.

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“A día de hoy, siguiendo la ley, son las familias quienes deberían efectuar los pagos”, valoran las fuentes de las empresas del sector. En pleno proceso de cambio de Gobierno, reconocen que esperan “un panorama más certero”. No obstante, asociaciones contra la pobreza energética insisten en que la ley no menciona la deuda y el panorama lo ven “preocupante”.

Las compañías eléctricas recuerdan que el plazo para cortar la luz sería el previsto según la ley –hasta 14 meses–, pero que habrá compañías que intenten fraccionar los pagos. El problema aquí, según señalan las asociaciones, estaría en la imposibilidad de familias con bajos ingresos económicos a hacer frente a una deuda acumulada con la que no cuentan.

El pasado sábado, una veintena de organizaciones sociales han advertido este sábado del estallido de una “gran crisis” de cortes de suministros en 2024, con “consecuencias catastróficas para miles de hogares” si no se prorroga la actual moratoria que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Entre sus requerimientos, han reclamado la extensión de la moratoria de cortes de suministros básicos vigente desde 2020 y han subrayado que el actual momento de “incertidumbre política” genera “preocupación y ansiedad” en “más de un millón de hogares beneficiarios del bono social”.

Asimismo, han exigido al próximo Ejecutivo que todos los impagos desde 2020 asociados a esta medida sean asumidos por las grandes empresas del sector como una forma de “compensación social por tratarse de un suministro esencial”.

Fin de las medidas

Las medidas que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha para frenar el alza de precios de la energía derivada de la guerra en Ucrania parecen tener fecha de caducidad. La rebaja al 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de la electricidad y la reducción del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad estarán vigentes hasta el próximo 31 de diciembre, aunque, tal y como recoge el Plan Presupuestario de 2024, parece que no continuarán más allá de esa fecha.

Concretamente, la rebaja del IVA de la electricidad ha supuesto una merma en los ingresos de las arcas públicas de 514 millones de euros en 2023. Sin embargo, para 2024 el Ejecutivo en funciones planea recaudar 1.016 millones a través de este gravamen, como consecuencia del fin de esta medida. Desde que se produjese esta rebaja fiscal allá por 2021, el Gobierno ha ingresado 2.300 millones menos de IVA de la luz, lo que ha favorecido que las familias hagan frente a recibos eléctricos más baratos.

Por su parte, la rebaja tipo del 5,11% al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad también volverá a generar ingresos positivos para el Estado durante el próximo año. Concretamente, el Gobierno prevé recaudar 1.032 millones a través de este gravamen en 2024. Desde que se redujo este impuesto en septiembre 2021, el impacto negativo para las arcas públicas asciende a 2.041 millones -sin contar con el año 2023-.

Estas perspectivas de recaudación acercan aún más el escenario de que estas rebajas fiscales finalicen el próximo 31 de diciembre, aunque, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, posponía esta decisión hasta final de año. Por su parte, Bruselas ya daba por zanjada hace unos meses la crisis del mercado eléctrico.

Concretamente, la Comisión Europea aseguraba que la volatilidad de los precios energéticos se había reducido gracias a las medidas puestas en marcha por los diferentes países y que, además, se había registrado un importante descenso de la demanda de energía en línea con los objetivos previstos. Asimismo, considera que no hay “evidencia” de que sea conveniente prolongar más allá del mes de junio las intervenciones de emergencia en el mercado eléctrico de la Unión Europea aprobadas al calor de la crisis de precios de 2022.