El Gobierno de España ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley del Litoral de Galicia, diseñada por el actual ejecutivo de Alfonso Rueda, por “invadir competencias estatales”. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno de España, ha asegurado en rueda de prensa que el recurso se emite tras conocer el dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno de España, que ha emitido valoraciones que han llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a recurrir 31 artículos de la nueva legislación gallega.
“Son diversas las causas de inconstitucionalidad, en las que creemos que invade competencias estatales. Es obligación del Gobierno velar por el deber de la constitución”, ha asegurado Rodríguez. “Lo que hace la ley gallega y no existe ninguna duda en el dictamen del Consejo de Estado es que se apropia de competencias para regular el régimen jurídico del dominio público, marítimo y terrestre”, ha asegurado la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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La nueva ley, ha asegurado Isabel Rodríguez, “incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia” y “reduce la protección de los terrenos contiguos de la ribera del mar”, cuestión que se excede de las competencias habilitadas para el gobierno gallego, puesto que “las comunidades nunca pueden ir a menos en la protección de sus costas”, así como que la nueva ley “invade competencias sobre pesca en aguas exteriores”. De esta forma, el Gobierno asegura que “Galicia se atribuye competencias propias que no estaban previstas en su estatuto”.
Actualmente, solo hay cuatro comunidades autónomas que tengan capacidades en la gestión de costas: Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares. Así lo reconocen sus estatutos de autonomía y, en palabras de Isabel Rodríguez, esa situación “no es el caso de Galicia, que no puede asumir esas competencias” a no ser que reforme su Estatuto de Autonomía.
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Rodríguez ha zanjado a la espera de que el Tribunal Constitucional tome una decisión: “La voluntad del gobierno ha sido siempre el diálogo permanente. Podemos presumir de alcanzar muchos acuerdos en esta legislatura. Hemos llegado a 165 acuerdos con las Comunidades Autónomas, pero cuando se producen excepciones, como este caso, el Estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución”.
Ya en la votación en el Parlamento de Galicia, cuando la ley salió adelante únicamente con los votos a favor del PP, tanto BNG como el PSOE gallego se abstuvieron, ni siquiera votaron en contra, porque consideraban que consistía solo un intento del gobierno autonómico de “confrontar” con el Gobierno central con una finalidad “electoralista”.
La nueva ley permitiría, entre otras cuestiones, regularizar edificaciones e instalaciones ya existentes en la franja costera, así como la instalación de parques de eólica marina. Se regularizarían unos 4.000 inmuebles en total, entre ellos más 300 industrias, frente a la normativa del Gobierno central más restrictiva.
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