España redistribuye menos la riqueza que la media de la UE y es una de las causas de la desigualdad de rentas

La desigualdad de rentas, medida habitualmente por el coeficiente de Gini, aumentó en España con la Gran Recesión y repuntó ligeramente con la pandemia, por lo que se sitúa en valores superiores a los de la primera década del siglo XXI. Esto mantiene a España como uno de los principales países europeos con mayor desigualdad económica y las causas del fenómeno son diversas. Un reciente estudio de Funcas señala dos de ellas como las principales: los elevados niveles de desempleo y precariedad laboral y un sector público que redistribuye la riqueza menos de lo que debería.

El sociólogo Juan Carlos Rodríguez afirma en el libro Tres aproximaciones a la desigualdad social en España: rentas disponibles, rentas ampliadas y ocupaciones, editado por Funcas, que la “mala” posición española en los rankings de desigualdad de ingresos se debe en parte a que el sistema de impuestos y de transferencias monetarias públicas “no atempera tanto las desigualdades de mercado como en otros países europeos”.

En la misma línea se manifiesta el economista y director de Economía Pública de Funcas Eduardo Bandrés, otro de los autores del estudio mencionado, que explica que el esfuerzo redistributivo del sector público se relaciona positivamente con una reducción de la desigualdad de mercado. Para demostrarlo, calcula que entre 2007 y 2019 las transferencias públicas dirigidas a las personas entre 18 y 64 años redujeron la desigualdad en 8,1 puntos del índice de Gini, mientras que los impuestos lo hicieron en 3,3 puntos. En total, las políticas redistributivas consiguieron reducir 11,4 puntos la desigualdad medida en el índice de Gini.

Pese a esta reducción, que no evitó totalmente el crecimiento de la desigualdad tras la crisis financiera, el sistema de impuestos y transferencias de España tiene menor capacidad de redistribución que la media de los países de la UE-15, grupo que incluye a Reino Unido. “Se aprecia una insuficiente actividad redistributiva en el caso de España que, de acuerdo con la norma que fija la recta de regresión, debería propiciar una reducción adicional de 1,8 puntos del índice de Gini”, detalla Bandrés.

Aunque el “esfuerzo” realizado por España es similar al de Alemania o Noruega y superior al de Países Bajos, Italia, Reino Unido y Suecia, también es cierto que la mayor parte de estos países tienen coeficientes de desigualdad menores, lo que hace menos urgente la redistribución. Si se compara España con el conjunto de países de la OCDE, el esfuerzo redistributivo sí se sitúa en la media, ya que hay países que rebajan mucho la misma (como Estados Unidos).

Más riesgo de pobreza en parados y trabajadores de poca intensidad

Más allá de las transferencias públicas, Bandrés señala que la causa principal del aumento de la desigualdad en España se produce en el mercado laboral porque la distribución de la renta de mercado de los hogares depende del acceso al empleo y de los salarios percibidos. De esta manera, a más paro, más desigualdad de la renta de mercado y viceversa.

En concreto, el economista señala que la tasa de riesgo de pobreza de los parados alcanza el 39,8%, según publicó el INE en 2022, mientras que el valor medio de la población mayor de 16 años solo es el 19,7%. De la misma manera, los hogares con intensidad laboral baja (entre el 20 y el 40% de las horas potenciales), tienen un riesgo de pobreza del 44,8%.

Al contrario que los hogares con intensidad laboral alta (igual o superior al 85% de las horas potenciales), en los que el riesgo de pobreza cae al 6,4% según datos de 2022 de la OCDE. La diferencia también se observa por calidad de la contratación: los ocupados con contrato indefinido tienen una tasa de pobreza del 6,3 %, mientras que los que poseen un contrato temporal sufren una tasa de pobreza del 18,4 %.

Por tanto, Bandrés sostiene que el aumento de la desigualdad en España durante los años de la Gran Recesión provino, principalmente, del mercado de trabajo: primero, por el crecimiento del desempleo, y segundo, aunque en menor medida, por la “mayor intensidad de la reducción de los salarios entre los trabajadores situados en la escala inferior de ingresos”. Esto contrasta con lo sucedido en la población mayor de 65 años, cuyo aumento de la desigualdad tras la crisis financiera quedó “muy neutralizada” por el efecto de las pensiones públicas.

Por qué redistribuye menos España

Según Rodríguez, la desigualdad de renta disponible en España tiene que ver, además de con la tasa de paro elevada, con “escasas transferencias monetarias” en las partidas que más se asocian con reducir la desigualdad de ingresos: las familiares, las de enfermedad y discapacidad y las de exclusión social. En todas ellas, España está por debajo de la media europea, incluso en las de exclusión social, que se vieron incrementadas a raíz de la pandemia. Según el informe, el gasto público en estas prestaciones entre 2004 y 2020 supuso un 0,3% del PIB, “un 60% inferior al dato medio” de la UE (3,4%).

Aumentar las transferencias en exclusión social tiene sentido porque la desigualdad de rentas en España tiene su foco principal en las rentas bajas. Según analiza Bandrés, España “no presenta una concentración de la renta mayor que la media europea en el 1 % y el 5 % más rico de la población”; donde sí se sitúa a la cabeza es en el peso reducido de renta en los tramos inferiores, integrados por parados, ocupados con baja intensidad laboral, inactivos involuntarios y, en menor medida, jubilados con pensiones no contributivas o asistenciales.

Por tanto, el estudio defiende que se reformen las políticas orientadas al mercado de trabajo para mitigar el paro estructural y se deberían “reorientar” las transferencias públicas, centrándose “muchísimo menos” en las prestaciones por desempleo y más en las partidas citadas. Aunque esto podría implicar mayor contribución de la ciudadanía en términos de impuestos si no se consigue ahorrar lo suficiente en prestaciones por desempleo por la mejora de la ocupación.