
Las personas con grandes fortunas han aumentado todos los años en España durante la última década y volvieron a marcar un nuevo récord en 2021, aunque las más ricas son las que más se libran de pagar el Impuesto de Patrimonio (IP), según se deduce de los datos publicados este lunes por la Agencia Tributaria.
En concreto, 831 personas declararon al organismo estatal un patrimonio superior a los 30 millones de euros en España en 2021, 107 más de las que lo hicieron en 2020. Sin embargo, solo el 36,94% (307) terminaron pagando el gravamen debido a las deducciones establecidas por algunas regiones, especialmente Madrid, que en 2021 era la única que lo bonificaba al 100%. Este dato se conoce porque las fortunas de más de dos millones de euros y algunas inferiores están obligadas a declarar a Hacienda por el modelo 714 independientemente de la legislación de su región.
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Aunque solo el 37% de los que declaran más de 30 millones pagó el IP en 2021, el porcentaje es mucho más elevado en todos los demás tramos de ricos, resultando que el 87,21% de los declarantes paga el impuesto. De hecho, solo en el tramo anterior al de los 30 millones de euros, el que empieza en los más de 6 millones, tiene un porcentaje notablemente más bajo que la media, el 50,74%.
Las fortunas más grandes siempre han pagado menos que el resto de ricos en la última década, aunque el fenómeno se ha acentuado. En 2011, año en el que el Gobierno central volvió a imponer el IP tras eliminarlo en 2008, el 49,15% de los contribuyentes que declaraban más de 30 millones de euros pagaron el impuesto. Esto son 173 personas de un total de 352. En 2011 se dejaron de recaudar 624,4 millones de euros por las bonificaciones regionales.
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Las bonificaciones impiden recaudar 1.226 millones
Aunque los datos no permiten conocer los declarantes desagregados por regiones, la Agencia Tributaria especifica que la riqueza media de los declarantes de la comunidad de Madrid (11.127.793 euros) se sitúa “muy por encima de la del resto” y prácticamente duplica a la de la siguiente región con mayor cifra (6.670.792 euros en Galicia). Esto evidencia una concentración de los patrimonios más grandes en Madrid para evitar el pago del impuesto de patrimonio.
En consecuencia, aunque las fortunas de más de 30 millones fueron las que más pagaron de media por contribuyente (560.170 euros), son el tramo que menos aportó en términos absolutos: 171,9 millones, solo el 12,72% del total recaudado por el Impuesto de Patrimonio en 2021 (1.325,3 millones de euros). Las bonificaciones regionales provocaron en 2021 una abultada pérdida de recaudación, ya que de no haber existido las arcas públicas habría ingresado prácticamente el doble.
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Según las cifras de Hacienda, si no se hubieran producido las rebajas autonómicas se habrán recaudado 1.226,4 millones de euros más procedentes de 19.205 contribuyentes. Omitiendo los datos que no se conocen por secreto estadístico, las regiones responsables de esta cifra son Madrid (1.212 millones), Cataluña (327.008 euros) y Asturias (93.013 euros). Los contribuyentes beneficiados son 18.798 en Madrid, 145 en Cataluña y nueve en Asturias.
El impuesto a las grandes fortunas obliga a pagar
Durante 2021 y 2022, varias regiones se sumaron a Madrid y legislaron bonificaciones mayores del Impuesto del Patrimonio, llegándose a suprimir en Andalucía y en Murcia. No obstante, en 2023 y 2024 estará en vigor el impuesto temporal a las grandes fortunas de carácter estatal creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar mayores pérdidas de recaudación.
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Según los asesores fiscales consultados por el Consejo General de Economistas en una encuesta reciente, este gravamen desincentivará los cambios de residencia fiscal entre regiones, ya que el impuesto obliga a pagar por patrimonio solo en las comunidades donde está bonificado el Impuesto al Patrimonio. Al mismo tiempo, podría incentivar el cambio de residencia fiscal hacia el extranjero. A la espera de tener más datos para verificar estas tendencias, las cifras de inscripciones de empresas del Colegio de Registradores ya detectan que Madrid ha dejado de ganar sedes sociales en 2023.
Aunque la medida es temporal, el Gobierno se plantea hacerlo permanente y el comité de expertos para la reforma fiscal recomendó “armonizar” la fiscalidad de patrimonio en todo el territorio y en la UE para evitar deslocalizaciones.
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