El Congreso busca traductores con urgencia: el Senado ya paga 857 euros por día trabajado

Este miércoles, PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, PNV y BNG (Grupo Mixto) registraron una iniciativa conjunta para reformar el reglamento del Congreso y permitir el uso de las lenguas cooficiales, una exigencia reclamada por los grupos independentistas para apoyar el nombramiento de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja y para empezar también a dar forma a una hipotética reedición de un Gobierno progresista. El objetivo es que sus señorías puedan usar el catalán, el euskera o el gallego en el debate de investidura (presuntamente fallida) de Alberto Núñez Feijóo, agendado para los días 26 y 27 de septiembre.

El método utilizado es una proposición de ley que los partidos firmantes (con el apoyo tácito de Junts) esperan aprobar por el procedimiento especial de lectura única en un Pleno que se celebrará la semana del 20 de septiembre. Se modificará el apartado 1 del artículo 60, relativo a los medios personales y materiales, para garantizar que el Congreso disponga servicios de traducción e interpretación de las lenguas cooficiales. Es indispensable, por tanto, tener lo antes posibles traductores que hagan esta función.

El Congreso ya tiene tres intérpretes, pero al estar integrados en la Dirección de Relaciones Internacionales, se encargan solo de realizar traducciones en tres idiomas: inglés, francés y alemán. Nada de lenguas cooficiales. Lo más lógico es que el Congreso imite el modelo del Senado, que desde el año 2005 tiene una bolsa de 25 intérpretes de los que tira para que sus señorías puedan usar el euskera, el gallego o el catalán. Trabajan desde unas cabinas de la Sala Europa de la Cámara Alta donde traducen al castellano.

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Los senadores y periodistas que no entienden estas lenguas cooficiales pueden solicitar unos auriculares en los que escucharán la traducción en tiempo real. Estos traductores también ayudan a las taquígrafas, puesto que estas no toman nota de las intervenciones que no sean en castellano, sino que son los propios intérpretes los que les facilitan la traducción para incorporarla al diario de sesiones. Un portavoz del Senado señala que en cada sesión se utilizan, por ejemplo, siete intérpretes, que suponen un gasto de 6.000 euros, es decir, una media de 857 euros por jornada y trabajador.

Es una estimación aproximada, porque la Asamblea aprobó en noviembre de 2020 que los traductores cobrarán 555,22 euros por una jornada de interpretación, más 180 euros de dieta y 0,19 euros por kilómetro en el caso de desplazamiento. Además, cuando el trabajo de los intérpretes se desarrolle en dos días, finalizando el segundo antes de las 16.00 horas, esta persona cobrará 1.110,44 euros por la interpretación y 270 euros por dieta. Si el segundo día finaliza después de las 20.00 horas, el intérprete cobrará 1.388,05 euros por la interpretación y 360 euros por las dietas.

Lo que está claro es que desde el Congreso son conscientes de que la nueva realidad lingüística de la Cámara Baja necesitará de la contratación de nuevos recursos humanos y técnicos, es decir, que se tendrá que contratar personal y disponer de nuevos medios. El Senado hizo un proceso selectivo en 2005 para seleccionar a sus intérpretes, pero nunca los han incorporado a su plantilla oficial. Para agilizar de momento los trámites administrativos, los contratos de urgencia para traductores se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. Dinero hay: 108 millones de euros en 2022.