Incendios y apagones por los enganches ilegales a la red eléctrica: cada ‘invernadero de marihuana’ equivale al consumo de 80 viviendas

En la pasada madrugada del 19 de agosto el centro de transformación ubicado en la barriada Murillo en el Polígono Sur de Sevilla no pudo resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo. El transformador afectado, pese a tener capacidad para dar suministro por sí solo a más de 1.200 clientes, solo tenía 105 con contrato en vigor, es decir, abastecía diez veces más potencia de la contratada. Esta es una de las muchas historias detrás de los incendios y apagones que se sufren en muchos barrios debido a la sobrecarga de la red, como consecuencia de los enganches ilegales que se producen especialmente por plantaciones de marihuana.

Sevilla es la Meca de los enganches ilegales en España. En diversas zonas de la ciudad, se han producido incendios a causa del sabotaje con fines delictivos al que están sometidas las redes eléctricas, en muchas ocasiones para cultivo de plantaciones de marihuana. Cada uno de estos invernaderos ilegales demanda una potencia que equivale al consumo de 80 viviendas, según los cálculos de Endesa.

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Además, esta energía la demandan las 24 horas al día, 365 días al año, y con ello provocan situaciones de gran riesgo eléctrico al sobrecargar la red. Para evitar que esa sobrecarga provoque incendios, esta infraestructura eléctrica dispone de protecciones, como los fusibles, que absorben la sobretensión y evitan males mayores. Sin embargo, la presión que sufren estas piezas como consecuencias de las plantaciones indoor (invernaderos de marihuana en pisos) hace que en las zonas donde se producen estos enganches ilegales se registren picos de 10 fusibles fundidos al día.

La red de distribución sevillana se encuentra sometida en ciertos puntos de la ciudad a una sobrecarga excesiva de potencia derivada del fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana, lo que ocasiona interrupciones de suministro. Esta sobrecarga a la que está expuesta la red de distribución no tiene ninguna justificación ni explicación técnica, ya que la capacidad de las instalaciones es muy superior a la que teóricamente se necesitaría, incluso si los usuarios en situación “legal”, con contrato en vigor e instalaciones interiores conforme a la normativa, utilizasen todos sus suministros a la máxima potencia. En esa situación aún habría capacidad en los centros de transformación para suministrar 1,8 veces más clientes en las mismas condiciones.

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Riesgos de los enganches

Los enganches ilegales se llevan a cabo con materiales no adecuados y sin cumplir ningún tipo de norma de seguridad. Las viviendas que se encuentran enganchadas ilegalmente carecen de los sistemas de protección básicos que toda vivienda debe tener. En las zonas donde se registran enganches ilegales masivos la única protección que funcionaría es la de las redes de la compañía propietaria, que también son boicoteadas, eliminando así la seguridad para las personas y el entorno.

Es muy importante subrayar que el fraude eléctrico conlleva problemas muy graves de seguridad, tanto de las personas que manipulan las instalaciones y de las que fortuitamente pueden tener acceso a ellas, que pueden sufrir electrocuciones, como de las propias instalaciones que pueden salir ardiendo.

“Nuestros operarios no pueden ir libremente a hacer su trabajo ordinario, pues reciben amenazas y coacciones de los que intentan impedir que se corten los enganches ilegales. Por ello, las reparaciones en la red de distribución se tienen que hacer bajo el auxilio de la Policía. Además, los técnicos tienen que acudir con el rostro tapado, por indicación expresa de los agentes de la autoridad, para que no se les reconozcan en las intervenciones conjuntas de corte de suministros fraudulentos” apuntan desde Endesa.

El mayor riesgo de estos enganches es que se lleva a cabo por personal sin autorización y con materiales inadecuados, sin equipos de protección individual, generando una enorme inseguridad que comienza por el propio defraudador, que al manipular ilegalmente una instalación eléctrica puede sufrir una descarga e incluso morir por electrocución, y que continúa por sus vecinos y su entorno, que están expuestos también a posibles explosiones y accidentes.

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