
Tras los precios históricos registrados durante el pasado año, la luz se ha convertido en uno de los elementos más importantes dentro de los programas electorales de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Mientras el PSOE y Sumar mantienen y profundizan sus políticas de intervención del mercado eléctrico, PP y Vox hacen malabarismos entre derogar y poner en marcha nuevas medidas que “enmienden” todo lo puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El bono social, las nucleares o el impuesto a las energéticas son algunos de los puntos con mayor controversia dentro de los paquetes de medidas electorales de las principales formaciones, que, en caso de llegar al Gobierno, tendrán impacto en los recibos de luz de los consumidores, en especial de los más vulnerables.
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PSOE
Los socialistas han querido dar un fuerte protagonismo a la política energética en su carta de presentación a los comicios electorales del 23 de julio. Un área que, según ha adelantado Sánchez, seguiría liderando Teresa Ribera. En su programa, el PSOE aboga por fomentar las reformas del mercado eléctrico necesarias para poder trasladar el “el beneficio” de las energías renovables a los consumidores y proporcionar “la estabilidad necesaria” para atraer a los inversores.
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En lo que se refiere a la pobreza energética, el PSOE plantea reforzar los bonos sociales térmico y eléctrico y crear la figura del “consumidor electrodependiente”, en aras de mejorar el acceso a la energía “en igualdad de condiciones y así garantizar la redistribución y justicia social”. Para estos consumidores dependientes se crearía una prestación que les permita hacer frente al coste energético.
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Partido Popular
Por su parte, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo propone revertir las medidas excepcionales puestas en marcha por el Ejecutivo socialista. En su programa, los populares aseguran que evitarán medidas de intervención del mercado mayorista, como es el caso de la excepción ibérica, comúnmente conocida como tope al gas.

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En cuanto a otra de las medidas estrellas de Sánchez -el bono social- el PP plantea crear un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor, con el fin de sustituir los actuales bonos eléctrico y térmico y que será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas. Sin embargo, y teniendo en cuenta la volatilidad experimentada por el mercado regulado tras la invasión rusa de Ucrania, los populares “obligarán” a las comercializadoras a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre -con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas- para todos los clientes.
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Por su parte, el actual líder de la oposición propone crear una ‘tasa por hito’ para desbloquear el proceso de concesión de permisos y aprobación en la instalación de renovables. Así, esta tasa con cargo al promotor del proyecto, financiará el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes. Una especie de reformulación del impuesto al sol que se anunció en 2012 que gravaba el autoconsumo y que quedó congelado hasta su derogación en 2018.
Sumar

Sumar ha propuesto, en el marco de su programa electoral, crear un nuevo sistema tarifario que tendría en cuenta las características de la unidad de familiar. Al ser progresivo, el sistema iría incrementando el IVA y los costes regulados de forma proporcional a la potencia contratada en tres tramos.
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Antes de empezar dichos tramos, el sistema aseguraría un “consumo mínimo vital” garantizado para los primeros 1.500 kilovatios hora (KWh), con un IVA superreducido del 4% y reducción de cargos regulados y pejaes. Esta tarifa se convertiría automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.
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Después estaría el consumo normalizado, que es el hogar promedio español (entre 1.500 kWh/año hasta los 4.000 kWh/año) con un IVA del 10%. Un segundo tramo sería el de sobreconsumo, con IVA del 10% pero mayor participación en costes regulados; y el tercer y último tramo sería el sobreconsumo excesivo, con más de 7.500 kWh/año. Aquí se incrementaría el coeficiente de cargos y con el IVA al 21%.
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En contraposición al Partido Popular, que propone alargar la vida de las centrales nucleares, la formación encabezada por Yolanda Díaz plantea una reforma del mercado marginalista para eliminarlo en el medio plazo y sacar, a corto plazo del mercado, las energías inframarginales no gestionables, como es el caso de la nuclear.
VOX
El partido de Santiago Abascal pone como piedra angular de su programa verde la soberanía energética de nuestro país. Para ello, Vox propone la supresión de todos los impuestos de la factura de la luz que “introdujeron los sucesivos gobiernos del bipartidismo”. Asimismo, abogan por una modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad, en el que la tecnología más cara fija el precio final.
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Para garantizar esa soberanía, la formación encabezada por Abascal pretende detener el cierre de plantas industriales y energéticas y utilizar los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas y los nodos de vertido de las centrales térmicas clausuradas en España para implantar en dichas localizaciones mini reactores nucleares.
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