CEOE y la patronal Europea piden a Calviño dar “un respiro regulatorio” a las empresas durante la presidencia española

Bussines Europe, la patronal europea de la que forma parte la CEOE, ha expuesto este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sus peticiones de cara a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de julio. Las empresarios inciden en reducir la “carga normativa excesiva” que tienen los países de la Unión porque “socava” la competitividad de las empresas europeas y así lo han dejado por escrito en la Declaración de Madrid entregada a Calviño.

Según Bussines Europe, la cantidad de regulación de la UE lastra la competitividad de sus empresas. “En los últimos cinco años se han adoptado más de 5.000 páginas de regulación a nivel UE. Esta inflación regulatoria supone un incremento considerable de costes de compliance para las empresas europeas y es especialmente dañino para las Pyme”, detalla la Declaración de Madrid. Los empresarios apelan a un compromiso comunicado en marzo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para identificar un 25% de normativa comunitaria a reducir hasta otoño de este año.

En concreto, Bussines Europe pide simplificar y acelerar los permisos para los sectores a los que se dirige la Ley de Industria Net Zero y, en general, para todos los sectores industriales, ya que la descarbonización supone un esfuerzo para toda la industria. También solicita “eliminar nuevos requisitos para los enclaves industriales” de la revisión de la Directiva de emisiones industriales cuando ya existan los planes de transformación a nivel de empresa.

Y más duramente critican el “solapamiento” que produce tener que reportar información sobre sostenibilidad conforme a tres normativas: el reglamento sobre trabajo forzoso y dos directivas (la de diligencia debida y la de información de sostenibilidad). En este sentido piden “contribuir activamente a la reducción de las obligaciones de reporting”. Las empresas españolas han ganado tiempo en este último ámbito, ya que la convocatoria de elecciones ha paralizado la trasposición de la directiva europea que equipara la información no financiera (sostenibilidad, social) a la financiera.

Competitividad frente a los subsidios de otros países

La Declaración de Madrid recoge que es “necesario recuperar un marco de igualdad frente a los incentivos y subsidios de nuestros socios clave que desvían de Europa la inversión privada”, en alusión indirecta al IRA de EEUU, un plan para financiar la transición energética en el país. Para ello proponen continuar con una “ambiciosa estrategia europea de competitividad basada en la autonomía estratégica abierta”.

Dentro de esta estrategia de competitividad entran asegurar que el suministro eléctrico mantiene precios competitivos y profundizar en la integración del mercado único. En este sentido, piden eliminar “los obstáculos normativos a las operaciones empresariales transfronterizas” y garantizar la rápida adopción de la declaración electrónica.

También instan a trabajar en un Instrumento de Emergencia del Mercado Único que prevenga de “acciones unilaterales a nivel nacional que dañen las libertades del mercado único y proteja las cadenas de valor en tiempos de emergencia”. Fuentes cercanas a la CEOE confirman que las empresas españolas no vieron con buenos ojos las ayudas de estado que Alemania y Francia dieron a sus industrias por la crisis de la Covid y la inflacionista y creen que perjudicaron el mercado interior.

Calviño anuncia 1.000 millones para el sector turístico

Durante la declaración institucional celebrada este jueves en Madrid, con la presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de BusinessEurope, Fredrik Persson; y la vicepresidenta de BusinessEurope, Ingrid Thijssen, Calviño ha asegurado que una de las prioridades del Gobierno de España en la presidencia del Consejo es impuslar la cooperación con los países de América Latina.

Además, ha tomado nota de las peticiones de Bussines Europe y ha anunciado un fondo de 1.000 millones de euros para la transición verde y digital del sector turístico financiado con fondos Next Generation. Este dinero irá incluido en la adenda al Plan de Recuperación que el Gobierno enviará en los próximos días a Bruselas.

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