A partir de este jueves 1 de junio entran en vigor tres nuevos derechos para las mujeres: el periodo de descanso prenatal, la incapacidad temporal específica por menstruaciones dolorosas y la baja por aborto, tal y como indica la nueva ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que salió adelante con la oposición de PP y Vox.
De esta forma, las embarazadas tendrán derecho a una baja remunerada desde el primer día de la semana 39 de gestación hasta el parto. La Seguridad Social será la encargada de asumir todos los gastos, excepto los del primer día, que los abonará la empresa.
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En cuanto a la baja por menstruaciones dolorosas, será el Estado quien las pague y el profesional médico quien indique la duración de la incapacidad. La ley, que pretende regular esta situación “con el fin de eliminar cualquier tipo de sesgo negativo en el ámbito laboral”, tendrá en cuenta los “casos de menstruación incapacitante secundaria o dismenorrea secundaria asociada a patologías tales como endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pélvica, adenomiosis, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos”. También contempla los síntomas como “dispareunia, disuria, infertilidad, o sangrados más abundantes de lo normal, entre otros.
Las mujeres también podrán solicitar una baja laboral cuando sufran una interrupción del embarazo, sea voluntaria o no. en este caso también será el médico quien determine la duración y podrán acogerse a ella todas las trabajadoras, sin mínimos de cotización.
Asimismo, la norma también incluye la gratuidad de los productos de gestión menstrual en centros educativos, en las situaciones en que resulte necesario, así como en centros penitenciarios y centros sociales para que puedan acceder a ellos las mujeres en situación de vulnerabilidad.
La ley “debe cumplirse”
El pasado jueves la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, aseguró que “casi ningún gobierno de las comunidades autónomas está implementando correctamente la ley del aborto”, por lo que recordó a las diferentes regiones que deben cumplir la norma, dado que la interrupción voluntaria del embarazo “es un derecho constitucional”, dijo en una intervención en Canal Red, según informa Efe. Rodríguez criticó concretamente la situación que se da en Castilla la Mancha, donde, en sus palabras, todas las interrupciones voluntarias del embarazo del último año se han realizado en clínicas privadas.
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