Madrid, 25 may. La Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) ha asegurado este jueves que la reforma de la ley del aborto no garantizará que este servicio se preste íntegramente en la sanidad pública por falta de formación entre sus profesionales, porque todavía hay muchos objetores de conciencia y porque su implementación choca con las competencias autonómicas.
En la presentación del libro "El aborto en España. Guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo", su autor José Antonio Bosch, jurista especializado en la normativa sobre el aborto provocado y asesor jurídico de ACAI, cree que la nueva norma "no cambia nada" en lo relativo a limitar la derivación de este servicio a las clínicas privadas.
Uno de los puntos principales de la reforma, aprobada el pasado febrero, es implementar la interrupción del embarazo en la sanidad pública para combatir datos como los de 2021, cuando, según las últimas cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, solo el 15,67 % de los abortos tuvieron lugar en un centro público.
Para ACAI cambiar esta dinámica es algo muy complicado por la falta de formación de los profesionales y porque no se puede obligar a las comunidades a ejecutar esta prestación de una manera determinada.
La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Laura Berja, ponente en el acto, ha secundado esta visión al reconocer que "la pública hoy no cuenta con los recursos necesarios", aunque el deseo del Gobierno sí sería que la prestación del aborto pudiera ofrecerse a las mujeres siempre en el Sistema Nacional de Salud.
También para la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo con la nueva regulación "no se va a garantizar que todas las mujeres aborten en hospitales públicos".
Los tres ponentes han coincidido en que otro de los problemas de la pública a la hora de garantizar el aborto en sus instalaciones a todas las mujeres es el número de médicos objetores de conciencia.
El autor ha alertado de que "se está imponiendo un criterio en distintas administraciones sanitarias que no ve en la prestación del aborto nada más que su costo", algo que está provocando que en la pública se extienda la interrupción del embarazo por el método farmacológico "porque es más barato".
Esto, ha añadido, pone en peligro la libertad de las mujeres para elegir el método empleado para la interrupción, uno de los pilares fundamentales de la reforma, según ha destacado Berja. EFE
pbn/ram
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