El adelanto electoral deja fuera leyes clave como Familias, Mecenazgo o Función Pública

Madrid, 29 may. El adelanto de elecciones generales anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 23 de julio hará decaer más de 60 leyes en el Congreso de los Diputados, algunas clave como la ley de Familias, la del Mecenazgo, la de la Función Pública o la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

Esta misma semana, el Senado tenía previsto aprobar el dictamen para crear una Autoridad Independiente de Defensa del Cliente financiero que iba a quedar ratificado en Comisión.

Un proyecto de ley que decaerá al mismo tiempo que lo hará la nueva ley de servicios de atención a la clientela que incorporaba una enmienda para garantizar el olvido oncológico y a la que le faltaban días para su ratificación definitiva.

La XIV Legislatura presidida por Pedro Sánchez y formada con un gobierno de coalición por primera vez ha durado 3 años y 5 meses y dejará en el tintero más de 30 proyectos de ley y otra treintena de proposiciones sin tramitar, además de la anulación de la tercera comisión de investigación Kitchen a la que estaban llamados la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, o el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Todas las iniciativas que están en las Cortes Generales decaen cuanto se disuelven las cámaras, aunque el reglamento del Congreso establece que en este caso o cuando expira el mandato de la Cámara Baja la Diputación Permanente asume sus funciones, e incluso puede convalidar decretos leyes.

Después de que en esta Legislatura no haya visto la luz la derogación de la ley mordaza o la nueva ley integral contra la trata -cuyo anteproyecto avanzó en marzo al recibir el visto bueno del poder judicial- otros proyectos de ley también se quedarán a las puertas por falta de consensos.

Es el caso de la Ley de Familias diseñado por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra y que se había atascado ante el rechazo de los socios parlamentarios de Sánchez, PNV, ERC y Bildu.

La ley para abolir la prostitución o la que modificaba diversas normas para consolidar la equidad sanitaria y su universalización así como las que iban dirigidas a remodelar el sistema judicial para garantizar su eficiencia organizativa también se quedarán fuera.

Una de las más cercanas para su ratificación definitiva era la proposición de Ley que favorecía los incentivos fiscales del micromecenazgo y cuya tramitación estaba ya en la Cámara Alta, al igual que el proyecto de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

La reforma del Estatuto del Artista que incluía una prestación especial por desempleo para sus trabajadores y hacía compatible al 100% la pensión de jubilación con la actividad artística o el proyecto de ley del Cine también decaerán.

Lo mismo que el proyecto de ley sobre enseñanzas artísticas superiores que establecía la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales o los de agentes forestales y de bomberos forestales, que se estaban tramitando de forma paralela.

Leyes, que en muchos casos se iban a dar salida por la vía de urgencia, aunque también es cierto que otra decena de ellas llevaba en plazo de enmiendas desde 2020.

La ley de Seguridad Nacional, la de secretos oficiales, la que reformaba la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional o la de medidas de lucha contra la morosidad y que establecía un régimen de sanciones son las principales normas que llevaban más de dos años con sucesivas prórrogas en sus plazos de enmiendas.

También la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, la que iba a crear una Agencia Estatal de Salud Pública o la que regularía sobre la salud mental y la ELA tendrían que volver a presentarse en un nueva legislatura para volver a ser tramitadas.

En materia económica el adelanto electoral paraliza la tramitación del proyecto de ley de Función Pública que incorporaba la creación de las evaluaciones de desempeño como un "incentivo" para premiar los buenos resultados.

En el ámbito industrial o laboral destaca el Estatuto del becario, la regulación de la jubilación parcial, la nueva tarifa regulada de la luz, la ley de Movilidad sostenible y la que establecía una prestación de paro para personas trabajadoras al servicio del hogar.

El pasado marzo además la Ley de Seguridad del Paciente, que persigue establecer ratios mínimos de enfermeros y enfermeras en la sanidad pública había cogido impulso.

En las Cortes también había registrada una Proposición de Ley presentada por Murcia sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura; otra de Unidas Podemos sobre el reconocimiento de personalidad jurídica de Doñana y su entorno de protección; e incluso una sobre regulación integral y control del cannabis en personas adultas.EFE

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