
La segunda reunión mantenida entre el Ministerio de Justicia y las asociación de jueces y fiscal ha finalizado sin acuerdo cuando solo faltan siete días para que dé comienzo la huelga, que será el próximo día 16 de mayo. El Gobierno ha incrementado levemente la oferta inicial para aumentar sus retribuciones, pasando de 44 millones de euros a 46,7 millones. Aunque no ha sido suficiente para las asociaciones de jueces y fiscales, que reclaman 70 millones.
Varias asociaciones han considerado que propuesta del Gobierno se ha quedado corta. Supone un incremento salarial de 6% mientras que los profesionales de la Justicia han pedido un aumento del 20%. Ahora las asociaciones consultarán con sus ejecutivas y delegadas y volverán a reunirse con este miércoles con el fin de dar una respuesta definitiva a la Mesa de Retribuciones.
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El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación que “se trata de llegar a concretos acuerdo y a puntos o de avance o de estancamiento y estamos llegando a ese punto”. Además, ha explicado que ahora estudiarán la última propuesta del acuerdo con la ejecutiva de la asociación y con el resto de asociaciones. Por otra parte, ha asegurado que la propuesta de 44 millones formulada por el Ministerio “ni satisface ni cumple”.
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Respecto al tipo de subida que plantean para las asociaciones de jueces y fiscales, Carbonero ha explicado que la Mesa de Retribuciones se habla de mejoras “lineales y progresiva”, ya que el objeto de la reunión es más un “problema de la estructura retributiva de la carrera” que una cuestión monetaria. En cuanto a mantener la huelga, ha afirmado que aún está “todo abierto” y que todavía no se ha desconvocado el parón.
Las negociaciones entre las asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia que capitanea Pilar Llop comenzaron en abril del año pasado. En ese momento la ministra se comprometió a convocar a la Mesa de Retribuciones para octubre de 2022. Un encuentro que finalmente no se produjo y desde el Gobierno no dieron una justificación formal. Tras varios intentos de mantener encuentros con el Ministerio de Justicia y de Hacienda, consiguieron una reunión el pasado día 3 de mayo que finalizó con la propuesta por parte del Ejecutivo de 44 millones de euros y el rechazo de las asociaciones.
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Qué piden las asociaciones
Las asociaciones han puesto el foco en el tema retributivo ya que, como indicó el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, a Infobae, lleva congelado desde el año 2003. En este sentido considera que no solo hay que subir el salario sino estructurarlo de otra manera. A esto se suma también la modernización de la institución y la falta de medios o la adecuación presupuestaria.
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La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha difundido un video en redes sociales donde destacan que los jueces han perdido en los últimos 20 años una media de poder adquisitivo del 20%. En ese mismo periodo, en el año 2010, explican, se produjo una reducción del salario de la función publica de los cuales no han recuperado el 4,73% de la retribuciones básicas. Además, aseguran que la hora de guardia en España se paga en la mayoría de los casos entre 0,47 euros y 3,2 euros. Por otra parte, los trienios no se están abonando conforme al resto de funcionarios de la Administración General del Estado.
Los grupos poblacionales no se han actualizado desde el año 2003 a pesar de que han trascurrido 20 años, asegura la asociación. A ello se suma que los jueces tienen un complemento de carrera profesional tipificado en el artículo 403 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, detalla la asociación, que tras cinco años de vigencia no se ha desarrollado. Estas son algunas de las cuestiones que reclaman las asociaciones de jueces y fiscales ante el Ministerio de Justicia.
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