El gobierno español impulsa un proyecto de licencias laborales por dolores menstruales y ampliación del derecho al aborto en menores

El anteproyecto enviado al Parlamento considera que la gestación subrogada es violencia contra la mujer y crea un censo de médicos objetores de conciencia

La ministra de Igualdad, Irene Montero, es la impulsora del proyecto en el gobierno de Pedro Sánchez
La ministra de Igualdad, Irene Montero, es la impulsora del proyecto en el gobierno de Pedro Sánchez

Las menores de 16 y 17 años podrán abortar sin permiso paterno, los fuertes dolores menestruales serán motivo para obtener una baja laboral, la llamada píldora del día después se entregará de forma gratuita en los centros de salud y la gestación subrogada será consideraba como violencia reproductiva contra la mujer. Estos son algunos de los puntos clave del anteproyecto que reforma la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, más conocida como Ley del Aborto, y que ha sido aprobado por el Gobierno de España.

La nueva ley ha sido una de las banderas agitadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Podemos. Una reforma que ha provocado no pocas fricciones en el seno del propio Gobierno de coalición -formado por PSOE y Podemos- debido a cuestiones como las bajas por aborto, por la regla o la legislación sobre la gestación subrogada.

Los puntos más importantes de la reforma legislativa, que debe pasar ahora al Parlamento para su debate y tramitación, son los siguientes.

En cuando a la regla, se considera que la regla dolorosa es motivo de baja laboral. Una baja que se debe solicitar el médico de cabecera, que no tiene límite de días y cuyo coste será asumido por el Estado. Con esto se pretende evitar la estigmatización que algunas mujeres pueden sufrir en las empresas.

Este punto ha sido foco de debate en los últimos días, ya que muchos sectores consideraban que dar una baja laboral a las mujeres durante la menstruación podía estigmatizarlas y alejarlas del mercado laboral.

La nueva norma fija que las mujeres pueden optar a un permiso retribuido desde la semana 39 de gestación. Es decir, un permiso antes del parto. La ministra Montero propuso inicialmente que el permiso retribuido pudiera aplicarse desde la semana 36, pero ha tenido que ceder ante el propio Consejo de Ministros del que forma parte. Este permiso no restará ningún día al permiso post-parto.

No ha sido la única concesión. La ministra de Podemos pretendía tipificar como delito la gestación subrogada. Sin embargo, la redacción de la norma considera, finalmente, que el vientre de alquiler quede tipificado como “explotación reproductiva y una forma de violencia reproductiva contra la mujer”. La publicidad de agencias que vendan estos servicios será prohibida. También se considera violencia la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad, el embarazo y aborto forzoso.

El Gobierno financiará, además, los anticonceptivos -que cuestan alrededor de 20 euros y uno coste cubrirá la Seguridad Social- y la píldora del día después. No sólo se distribuirá en los centros de salud, sino también en los centros escolares, en el marco de campañas gratuitas.

Una de las novedades es que todos los centros públicos -institutos, prisiones, centros de mujer, cívicos, sociales…- dispondrán y repartirán de manera gratuita productos de higiene femenina: tampones, compresas, copas menstruales. El fin es acabar contra la denominada pobreza menstrual. Pese a todo, una de las batallas perdidas por la ministra de Igualdad es la reducción del IVA de estos productos, hoy en el 10% y que ella planteaba reducir al 4% o incluso eliminar.

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