El gobierno de España impondrá el pago de peajes por el uso de las autovías

La medida comenzará a aplicarse en 2024 pero las tarifas definitivas no se conocerán hasta el próximo año cuando esté desarrollada la nueva norma

Imagen de la autovía entre Sevilla y Cádiz.
Imagen de la autovía entre Sevilla y Cádiz.

Habrá pago por uso para las autovías españolas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado oficialmente la intención que venía reafirmando en los últimos meses ante la necesidad de generar nuevos ingresos que cuadren los Presupuestos Generales del Estado. De esta manera, el Ejecutivo español comenzará a aplicar peajes en las vías rápidas de alta capacidad y que sean los que las usan los que las paguen. Un nuevo impuesto que el Gobierno de Sánchez explica que se destinará a la conservación de las vías automovilísticas, cuando estos trabajos se sufragan actualmente con una parte de los tributos que pagan todos los ciudadanos españoles a través de su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Pese a las rotundas negativas que el Gobierno recibió cuando planteó la medida de instalar peajes en todas las carreteras españolas, el plan de Ejecutivo sigue adelante. Se especula, porque aún no hay una fecha definitiva, que comience a aplicarse esta medida en 2024. Más ponto, a mediados del próximo año, el Gobierno español asegura que se habrá definido un programa completo y detallado de cómo será el pago por el uso de las autovías. Todo con el fin de “mejorar las infraestructuras”, pero que no tendría el mismo coste para todos los conductores.

En el plan que Pedro Sánchez esgrimió a la Comisión Europea para optar a los fondos de recuperación, los peajes fueron uno de los puntos más llamativos por el carácter de gratuidad que siempre ha acompañado a la mayoría de carreteras. Con el fin de acabar con el déficit de conservación de toda la red, que ronda los 8.000 millones de euros, la idea del Ejecutivo es dejarlo implantado para la próxima legislatura.

Sin embargo, las críticas hacia este modelo críticas hacia este modelo se han ido consumando desde que se anunciase la intención. Tanto en las diferentes organizaciones automovilísticas, que cifran el desacuerdo popular en cerca de un 80%, como desde los grupos de la oposición, gobiernos regionales o, incluso desde el propio PSOE (en boca de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz), estas no han impedido que el Gobierno de marcha atrás.

De esta forma, si todo sigue lo planeado, en 2024 el carácter de gratuidad de las autovías españolas se perdería (ahora que están dejando de ser de pago algunas autopistas) y a medio plazo se extendería incluso a vías convencionales y secundarias. Todo bajo la idea de “el que usa, paga”, que han citado tanto el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, como el ex secretario de Transportes, Pedro Saura.

Pero en la segunda parte de la cita, la cuestión. Y es que, ¿cuánto se pagaría por usar una autovía? Según se deslizó cuando comenzó a filtrarse el plan por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la cantidad estimada por kilómetro podría rondar entre 3 y 5 céntimos (incluso se ha comentado la idea de 1 céntimo por kilómetro). Eso sí, no siendo nada oficial, otra de los aspectos que ha dejado caer el Ejecutivo es que habría grupos exentos así como otros que pagarían más de lo normal.

En un primer lugar, los que tendrían inmunidad ante este nuevo coste para los conductores españoles serían todos aquellos que se movilizasen por motivos laborables, médicos o de estudio. Así lo comentó el propio Navarro, señalando que “el tío que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, el viaje obligado por razones de estudio o la abuelita cuando va al médico” estarían exentos, pues si no “les crujiríamos”.

Con cierto margen de maniobra así pues, y mientras se termina de estudiar la mejor adaptación posible, otra de las ideas que se ha planteado es que pagasen más los vehículos más contaminantes o los extranjeros. Los más viejos, por defecto, así lo dejó caer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con un claro “quien contamina, paga”, mientras que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, fue más dura con los 100.000 vehículos que entran a España ya que representa “es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio”.

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