Sean ‘Diddy’ Combs aseguró que hay una conspiración gubernamental en su contra

Este 9 de octubre, la defensa de Sean “Diddy” Combs ha lanzado fuertes acusaciones contra el gobierno, alegando que las autoridades filtraron deliberadamente evidencia crucial a los medios con el objetivo de perjudicar su reputación pública.

Los abogados del rapero han centrado sus quejas en un video de vigilancia de 2016 que muestra a Combs agrediendo físicamente a su entonces novia, la cantante Cassie Ventura, material que, según afirman, fue enviado ilegalmente a la prensa para influir negativamente en su caso.

El clip en cuestión, publicado por CNN en mayo de este año, muestra a Combs arrastrando a Ventura por el pasillo de un hotel, además de golpearla y patearla mientras ella intentaba escapar.

La moción fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y acusa al DHS de violar las normas de secreto del gran jurado. Según los documentos legales obtenidos por PEOPLE, la defensa sostiene que las filtraciones forman parte de una campaña de desprestigio que lleva varios meses, y que tiene como fin influir en la opinión pública y “socavar el derecho de Combs a un juicio justo”.

“La filtración de la cinta de vigilancia de 2016 fue parte de un esfuerzo deliberado para herir de muerte la reputación de Sean Combs y dificultar su defensa contra estas acusaciones”, afirmaron Marc Agnifilo y Teny Geragos, los abogados del artista.

La defensa también ha solicitado una audiencia probatoria para investigar la supuesta conducta indebida del gobierno, y han exigido la entrega de correos electrónicos, documentos y otros registros que podrían demostrar que las autoridades filtraron deliberadamente la evidencia. Además, buscan que la corte imponga una orden de silencio para evitar que el gobierno siga compartiendo detalles sobre el caso con los medios.

Según The Hollywood Reporter, la moción también incluye una petición para que se suprima la grabación como prueba durante el juicio, alegando que la filtración ha contaminado potencialmente al jurado y ha comprometido el derecho de Combs a un juicio imparcial.

Las autoridades han respondido a la defensa de Diddy

Por su parte, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha negado rotundamente esas acusaciones.

En una carta enviada al juez que supervisa el caso, Damian Williams —fiscal en jefe— declaró que “el gobierno no estaba en posesión del video antes de su publicación por CNN” y que no existe ninguna “base fáctica” para la afirmación de que las autoridades filtraron la grabación. Asimismo, los fiscales han señalado que el DHS tampoco tenía la cinta en su poder antes de que se emitiera en CNN.

El proceder de la defensa de Combs se produjo tras una serie de medidas enérgicas que las autoridades han tomado en contra del magnate. En marzo de 2024, agentes federales registraron las propiedades del rapero en Los Ángeles y Miami, en una redada que, según la defensa, también fue comunicada a los medios con antelación para generar más cobertura negativa en torno a su cliente.

Según The Hollywood Reporter, el video de la agresión a Cassie podría ser empleado por los fiscales para demostrar la “tendencia a la violencia” de Combs, un argumento que reforzaría las acusaciones de tráfico sexual.

La ley de Estados Unidos requiere que, para condenar a alguien por dicho delito, se demuestre que el acto sexual fue inducido por la fuerza, el fraude o la coerción. Los fiscales sostienen que el video es una prueba clara de que Combs recurría a la violencia para controlar a Ventura, lo que sería consistente con las acusaciones de otras mujeres en su contra.

Sean Diddy Combs ha negado categóricamente todos los cargos que enfrenta, con el argumento de que las relaciones con sus acusadoras fueron consensuadas.

El único momento en que aceptó responsabilidad de alguna agresión fue tras el destape del video de Cassie. En ese entonces, Combs publicó disculpas públicas, aunque luego eliminó ese post.

El próximo paso en este complejo caso legal será la audiencia del 10 de octubre, en la que se decidirá si las solicitudes de la defensa para suprimir pruebas o investigar las filtraciones serán aceptadas.