La deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador, si se suman las obligaciones vinculadas con las pensiones, alcanzó USD 33,904.9 millones al cierre de septiembre de 2026. Esa cifra equivale al 86.2% del producto interno bruto (PIB), una medida que permite comparar el monto adeudado con el tamaño de la economía del país.
El dato reúne dos componentes. El primero es la deuda del SPNF, que contempla los compromisos del Gobierno central, las empresas públicas no financieras y otras entidades del Gobierno General. El segundo agrupa las obligaciones previsionales, es decir, los títulos emitidos para financiar compromisos derivados del sistema de pensiones.
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La deuda del sector público, sin contar las pensiones, sumó USD 22,030.2 millones, lo que representó el 56.0% del PIB. Al agregar los compromisos previsionales por USD 11,874.7 millones, el peso de la deuda aumenta en más de 30 puntos porcentuales hasta el 86.2% de la economía.
La diferencia permite dimensionar por qué la deuda previsional tiene un peso central en las cuentas públicas. Aunque esos títulos se registran de forma separada de los préstamos, bonos y letras emitidos para cubrir las necesidades habituales del Estado, forman parte de los compromisos que el sector público debe honrar en el tiempo.
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Estas son las obligaciones por pensiones
La deuda previsional está integrada por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). Los primeros sumaron USD 8,393.5 millones en septiembre, una cifra similar a la de diciembre de 2025.
Los COP, en cambio, aumentaron desde USD 2,846.9 millones en diciembre hasta USD 3,481.2 millones en los primeros nueve meses de 2026. Ese incremento explica la mayor parte de la subida de la deuda por pensiones, que pasó de USD 11,241.1 millones a USD 11,874.7 millones en septiembre de 2026.
En términos sencillos, estos instrumentos reflejan una obligación futura del Estado relacionada con el pago de prestaciones y compromisos del sistema previsional. Por eso, al medir la carga completa sobre las finanzas nacionales, el Ministerio de Hacienda incorpora las pensiones a la deuda del Sector Público No Financiero.
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El informe también calcula una deuda consolidada, que elimina ciertas operaciones entre instituciones públicas para evitar que una misma obligación se contabilice dos veces. Bajo ese criterio, el saldo de la deuda del SPNF con pensiones fue de USD 33,563.2 millones, equivalente al 85.4% del PIB.
La proporción sobre el PIB bajó, aunque el monto creció
La deuda total del sector público, con pensiones incluidas, aumentó en USD 1,396.8 millones respecto de diciembre de 2025, cuando ascendía a USD 32,508.1 millones. Pese a ese aumento nominal, su proporción frente al PIB cayó de 88.6% a 86.2%.
La reducción porcentual no significa que el país deba menos dinero. El saldo de las obligaciones creció, pero el cálculo oficial parte de un PIB mayor: pasó de USD 36,708.1 millones a USD 39,319.9 millones. Como la economía utilizada como referencia aumentó a un ritmo superior al del endeudamiento, la relación entre deuda y PIB descendió.
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Este indicador muestra cuánto representa la deuda frente a la capacidad de generación de ingresos y actividad económica del país. Una relación elevada implica que una parte importante de las finanzas públicas queda condicionada por pagos de capital e intereses, así como por la necesidad de renovar obligaciones que llegan a su vencimiento.
Bonos, préstamos y letras forman la deuda sin pensiones
Dentro de la deuda del SPNF, USD 20,622.5 millones correspondieron a obligaciones de mediano y largo plazo. El Gobierno central concentró USD 19,183.7 millones de ese total.
Los principales instrumentos fueron préstamos externos, por USD 8,201.2 millones; eurobonos, por USD 8,009.7 millones; y bonos de deuda interna, por USD 4,336.5 millones. A ello se añadieron USD 1,407.7 millones de deuda de corto plazo, principalmente Letras del Tesoro (LETES).
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Los inversionistas —quienes poseen eurobonos y bonos locales— concentraron el 54.6% de la deuda de mediano y largo plazo; los organismos multilaterales, el 38.1%.
El perfil de vencimientos indica que el 26% de esa deuda deberá pagarse o renovarse en un plazo de entre uno y cinco años. Otro 19% vence entre seis y 10 años. La distribución obliga al Estado a reservar recursos para cumplir pagos y a sostener el acceso a fuentes de financiamiento para refinanciar parte de sus compromisos futuros.
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