Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo realiza “incautaciones ilegales” de bienes de ciudadanos de Estados Unidos en Nicaragua. El funcionario recomendó a los estadounidenses extremar las precauciones antes de realizar inversiones en ese país.
“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, escribió Segura en un mensaje publicado el 22 de octubre en su cuenta de X.
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El subsecretario sostuvo que las autoridades nicaragüenses han sido señaladas por incautar propiedades y activos financieros sin notificación previa ni justificación legal. También instó a los ciudadanos estadounidenses a revisar los riesgos antes de que afecten sus intereses y a reconsiderar los viajes al país centroamericano.
Ocho estadounidenses recuperaron las llaves de sus viviendas
La publicación de Segura incluyó un reporte de Telemundo 51, difundido el 17 de octubre, sobre ocho ciudadanos estadounidenses que recuperaron las llaves de sus viviendas en Nicaragua.
De acuerdo con ese informe, los propietarios todavía no cuentan con garantías sobre sus inmuebles. El mensaje no precisó la ubicación de las propiedades ni el tipo de trámite que permitió la devolución de las llaves.
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El funcionario remitió además a la alerta de viajes del Departamento de Estado para Nicaragua, en la que se detallan las recomendaciones para los ciudadanos de Estados Unidos que evalúan viajar o mantener inversiones en el país.
Vale recalcar que nueve jubilados estadounidenses empezaron a recuperar las llaves de sus casas de lujo en Nicaragua, confiscadas por la dictadura hace menos de dos meses. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició las devoluciones el jueves 15 de octubre, cuatro días después de que El Confidencial Nicaragua reveló el despojo.
Las autoridades de Nicaragua no emitieron explicación pública alguna, ni sobre el motivo original de la confiscación ni sobre esta marcha atrás. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocupó nueve viviendas en Tola a finales de agosto de 2026 y las transfirió al INSS sin explicación oficial; cuatro días después de que la prensa reveló el caso, el instituto comenzó a entregar las llaves, aunque sin confirmar si la restitución será total.
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La declaración se produjo en momentos en que Washington mantiene una postura crítica frente al gobierno nicaragüense por denuncias relacionadas con restricciones a las libertades públicas, persecución contra opositores y ahora confiscaciones de bienes a ciudadanos norteamericanos.
Sobre el despojo de las viviendas en Tola
Las casas están ubicadas en playa Gavilán, en el municipio de Tola, departamento de Rivas, sobre la costa del Pacífico nicaragüense. La PGJ las confiscó a finales de agosto y luego las donó al INSS, el mismo mecanismo que el régimen ha aplicado durante años contra opositores y expresos políticos.
El día de la ocupación, los dueños se encontraban fuera del país. En las viviendas solo estaban los vigilantes, a quienes hombres que se identificaron como “funcionarios del INSS” ordenaron retirarse porque los inmuebles habían “pasado a manos de la institución”.
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Desde entonces, personas puestas por el Gobierno custodiaban las propiedades, según los afectados.
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