Laura Fernández plantea endurecer penas por portar armas de guerra en Costa Rica y estudia aplicar medidas de El Salvador

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, estudia una reforma a la legislación sobre armas de fuego para establecer penas de prisión más severas contra quienes porten ilegalmente armamento de guerra, una propuesta inspirada en medidas implementadas en El Salvador durante la administración de Nayib Bukele.

La mandataria reveló que sostuvo una conversación con su homólogo salvadoreño sobre las dificultades para mantener detenidas a personas sorprendidas con fusiles, armas largas y municiones de alto calibre.

Fernández explicó que uno de los principales problemas identificados por las autoridades costarricenses es que personas detenidas con armamento ilegal recuperan su libertad debido a las penas contempladas actualmente en la legislación.

“Los policías detienen a esta gente con armas largas, pistolas, fusiles de todo tipo y de toda peligrosidad, y salen en libertad”, manifestó.

La presidenta aseguró que esta situación guarda similitudes con las dificultades que, según le explicó Bukele, enfrentaba anteriormente El Salvador.

Costa Rica estudia replicar medidas aplicadas en El Salvador

Fernández relató que el mandatario salvadoreño le explicó cómo su país modificó las sanciones por la portación de armas de guerra, con el objetivo de castigar con mayor severidad a quienes representan una amenaza para la seguridad pública.

Según la versión expuesta por la presidenta, El Salvador endureció las condenas hasta establecer penas equivalentes a la mitad de las correspondientes a un homicidio simple, tomando en consideración la peligrosidad del armamento.

“Una persona que porta armas AK-47, un grupo de pistolas, municiones, es porque está dispuesta a usarlas”, expresó Fernández al reproducir uno de los argumentos que, según indicó, le compartió Bukele.

La mandataria aseguró que el equipo de Fuerza Élite ya analiza la posibilidad de impulsar una reforma semejante en Costa Rica, aunque aclaró que cualquier modificación deberá adaptarse a la realidad jurídica nacional.

“Estamos ya estudiando con el equipo de Fuerza Élite para ver si nuestro país puede seguir los pasos que siguió El Salvador”, afirmó.

Fernández insistió en que las sanciones deben guardar relación con el riesgo que representa la circulación de armas de alto calibre entre organizaciones criminales.

“Quien porte armas de guerra de grueso calibre tiene que ir a prisión preventiva y tiene que tener mano dura en la condena”, sostuvo.

Hallazgo de armas fabricadas en 3D preocupa a las autoridades

El anuncio se produjo después de que el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, expusiera detalles de una operación contra el narcotráfico realizada en Osa, Puntarenas, donde las autoridades localizaron armamento fabricado mediante tecnología de impresión 3D.

Según explicó el jerarca, el operativo permitió decomisar más de 500 kilogramos de droga y detener a dos costarricenses presuntamente vinculados con actividades del narcotráfico.

Durante la intervención, agentes policiales fueron atacados a disparos cuando perseguían uno de los vehículos sospechosos, por lo que respondieron al fuego.

“Nos sorprendió encontrar armas elaboradas en 3D. Son armas que no dejan rastro, no dejan huella y funcionan igual que un arma convencional”, señaló Campos.

El ministro advirtió que este tipo de armamento representa un nuevo desafío para los cuerpos policiales encargados de combatir las organizaciones criminales.

Además, aseguró que desde el 8 de mayo de 2026 las autoridades han retirado de circulación más de 870 armas de fuego, como parte de los operativos desarrollados en diferentes regiones.

Gobierno vincula armas ilegales con homicidios del crimen organizado

Laura Fernández afirmó que el 75% de los homicidios registrados en Costa Rica está relacionado con enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado que utilizan armas ilegales.

La mandataria considera que endurecer las sanciones por la portación de este tipo de armamento podría convertirse en una herramienta para prevenir delitos violentos.

También estableció una diferencia entre las personas que poseen un arma legalmente, pero mantienen vencido su permiso, y quienes transportan fusiles de guerra u otro armamento destinado a actividades criminales.

Para Fernández, ambas situaciones requieren tratamientos legales distintos debido a sus niveles de peligrosidad.

La presidenta insistió en que Costa Rica todavía tiene oportunidad de evitar un deterioro de la seguridad como el experimentado por El Salvador, aunque considera necesario actuar con rapidez.

La propuesta anunciada se encuentra en fase de estudio, por lo que todavía no existe un texto legislativo definitivo ni se han establecido las nuevas penas que el Poder Ejecutivo buscaría incorporar a la legislación nacional.