El Salvador acaba de declarar de utilidad pública los proyectos nacionales de inteligencia artificial y robótica, una medida que exime a esas iniciativas de la Ley de Compras Públicas y agiliza la llegada de especialistas extranjeros.
El decreto, publicado en el Diario Oficial el 18 de octubre, entrará en vigencia ocho días después de esa fecha, según informó El Diario de Hoy, diario salvadoreño.
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La norma otorga a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) la facultad de contratar de forma directa bienes, servicios y licencias vinculados a la robótica y los sistemas de inteligencia artificial.
También exime a los profesionales extranjeros contratados por la agencia del trámite de homologación de títulos y les concede residencia temporal de hasta dos años, prorrogable y extensible a su grupo familiar.
El paso se da apenas unos días después de que el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicaran la cuarta edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que mide la madurez de los ecosistemas de inteligencia artificial en 20 países de la región.
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El Salvador suma 37.9 puntos y entra al grupo de “adoptantes”
El Salvador obtiene 37.9 puntos sobre 100 en el ILIA 2026 y entra por primera vez a la categoría intermedia del índice, la de los países “adoptantes”.
El dato lo ubica por debajo de Costa Rica, República Dominicana y Panamá, los otros tres países centroamericanos que integran ese mismo grupo.
El índice señala que el país avanzó con rapidez en normas e instituciones, pero todavía no logra sostener ese progreso con infraestructura de cómputo, investigación científica ni empresas tecnológicas propias, lo que limita su traducción en productividad real.
El país centroamericano es, junto con Perú, uno de los dos únicos de la región con una legislación específica sobre la materia.
Esa ley, la de Promoción de la Inteligencia Artificial y Tecnologías, creó la ANIA y un Registro Nacional de Desarrollo, Innovación y Aplicación de IA, según consignó un análisis publicado en La Prensa Gráfica, diario salvadoreño.
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La gobernanza, la fortaleza más visible del país
La dimensión de gobernanza —que mide seguridad, precisión y confiabilidad de los sistemas— es donde El Salvador obtiene su mejor resultado, con 61.3 puntos, uno de los valores más altos registrados en esa categoría en toda la región evaluada por el ILIA.
El país publicó este año su estrategia nacional de inteligencia artificial y ya cuenta con una institución responsable de coordinarla. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esa estrategia se lanzó de forma paralela a la presentación de un diagnóstico de preparación elaborado con el acompañamiento del organismo internacional, que la agencia salvadoreña utiliza como base de pruebas para su marco normativo.
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También incorporó contenidos sobre la materia en la educación escolar y registra avances en gobierno digital. Sus otras dos dimensiones muestran un rezago marcado: los factores habilitantes —infraestructura, datos y talento— llegan a 35.1 puntos, y la investigación, el desarrollo y la adopción empresarial se ubican en apenas 24.7.
El país no especifica un presupuesto explícito para implementar su estrategia, una limitación que comparte con la mayoría de sus pares regionales.
Costa Rica lidera Centroamérica con su marco institucional
Costa Rica ocupa el quinto lugar de los 20 países analizados, con 56 puntos, y es el país centroamericano mejor posicionado. Al igual que El Salvador, su fortaleza principal es institucional: su gobernanza alcanza 80,5 puntos, el valor más alto entre los países centroamericanos evaluados.
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El país también lidera la concentración de habilidades profesionales de inteligencia artificial en su fuerza laboral registrada en LinkedIn, con 0.74%, y en centros de datos certificados por millón de habitantes. Un 25.1% de su población de entre 15 y 64 años usa de forma activa herramientas de inteligencia artificial generativa, la proporción más alta de la región.
República Dominicana y Panamá completan el grupo de adoptantes centroamericanos
República Dominicana suma 45.1 puntos y se ubica en el décimo lugar regional, por encima de Panamá y El Salvador. Su gobernanza llega a 73.2 puntos, casi al nivel de Costa Rica, con una estrategia nacional que incorpora ética, datos, género y cooperación internacional.
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El 91% de su población usa internet y su cobertura 5G llega a 69,8%, la segunda más alta entre los países analizados. Su dimensión de investigación, desarrollo y adopción cae a 27,1 puntos, la más baja de los tres países centroamericanos que integran el grupo de adoptantes junto con El Salvador.
Panamá obtiene 39.3 puntos, por encima de El Salvador. Su mejor desempeño está en conectividad, con 70 puntos, y en la proporción de población que usa inteligencia artificial generativa, que llega a 20,3%. A diferencia de Costa Rica y República Dominicana, la gobernanza panameña queda en 43.3 puntos, porque al momento de recopilar los datos del informe su estrategia nacional todavía se encontraba en elaboración.
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Guatemala y Honduras permanecen entre los países exploradores
Por debajo de El Salvador se ubican Guatemala, con 29 puntos, y Honduras, con 26.2, ambos en la categoría de “exploradores”, reservada a los países con menos de 35 puntos. Guatemala muestra una adopción de IPv6 de 58.7%, la más alta de la región, pero su gobernanza cae a 19.3 puntos y todavía no cuenta con una estrategia nacional vigente.
Honduras registra 22.8% de graduados en carreras STEM, aunque su gobernanza llega apenas a 21.6 puntos y carece de institucionalidad especializada consolidada.
El panorama regional completo, divulgado el 20 de octubre, ubica a Chile en primer lugar con 71.4 puntos por cuarto año consecutivo, seguido de Brasil con 68,4 y Uruguay con 67, según publicó Emol, sitio chileno de noticias.
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Esos tres países integran el grupo de “pioneros”, mientras que Colombia (56,8), Costa Rica, Argentina (55,6), Perú, México (52), Ecuador (51,8), República Dominicana, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobago forman el bloque de “adoptantes”.
Las nuevas facilidades legales buscan atraer inversión tecnológica
El decreto de utilidad pública conocido esta semana se suma al marco normativo que el ILIA ya reconoce como fortaleza del país. La norma faculta a entidades como el Centro Nacional de Registros, la Dirección General de Aduanas y las municipalidades a emitir criterios ágiles para permisos de construcción, ambientales y de funcionamiento vinculados a la infraestructura tecnológica.
La Corte de Cuentas de la República mantendrá la facultad de auditar los fondos y procesos ejecutados al amparo de la nueva normativa, según detalló El Diario de Hoy. El esquema busca acelerar la modernización del Estado mediante el despliegue de infraestructura, modelos y soluciones avanzadas.
El contraste entre el avance normativo y el rezago en cómputo, investigación y actividad empresarial confirma una tendencia que el ILIA atribuye a buena parte de la subregión centroamericana. En el caso salvadoreño, la combinación de legislación aprobada y un alto puntaje en seguridad y confiabilidad lo distingue incluso de países con puntaje total superior, como Panamá.
Su posición final en la tabla regional, por debajo de sus tres vecinos del grupo de adoptantes, muestra que las normas, sin cómputo, talento ni financiamiento, no bastan todavía para cerrar la brecha con los países mejor posicionados de América Latina.
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