Más de 90 millones de líneas móviles activas en Centroamérica superan la cantidad de habitantes de la región y muestran la expansión de la telefonía celular en el istmo.
Costa Rica y Panamá registran más de 160 líneas por cada cien habitantes, mientras Honduras y Belice se ubican cerca de 80, con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y GSMA Intelligence son las dos máximas autoridades mundiales en telecomunicaciones
Cabe aclarar que en la región, tener más líneas que habitantes no implica acceso igualitario. La diferencia entre países y dentro de cada mercado muestra brechas en cobertura, calidad del servicio, acceso a internet móvil y capacidad de pago.
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Distribución de líneas móviles por país
Costa Rica registra una de las tasas más altas, con 1.7 líneas por habitante. Panamá se acerca a esa cifra. Nicaragua y El Salvador se ubican en un rango medio-alto, con entre 140 y 150 líneas por cada cien personas. Guatemala, con casi 18 millones de habitantes, se mantiene en torno a 128 líneas por cada cien.
Honduras ronda las 80 líneas por cada cien personas y muestra un menor grado de multi-suscripción y, en algunos casos, limitaciones de acceso. El Salvador, con 6.3 millones de habitantes, alcanza cerca de 150 líneas por cada cien personas, lo que muestra cómo el tamaño del país y la densidad poblacional inciden en el despliegue de redes.
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Brechas de acceso y obstáculos persistentes
Que existan más líneas que habitantes en la mayoría de los países centroamericanos no implica cobertura universal. En Guatemala, la expansión del servicio ha sido amplia, pero persisten barreras en comunidades rurales e indígenas.
La calidad de la señal y la disponibilidad de internet móvil varían, y el costo de los planes de datos puede resultar inaccesible para los hogares de menores ingresos.
En Nicaragua, aunque la penetración es alta, muchas familias dependen de teléfonos básicos y de líneas prepago, lo que restringe su acceso a internet y a servicios avanzados.
Las mujeres, los adultos mayores y quienes viven en zonas remotas suelen enfrentar obstáculos por falta de dispositivos, limitaciones económicas o déficits en habilidades digitales.
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El Salvador y Panamá, pese a sus niveles de suscripción, también muestran desigualdades. En áreas urbanas, la infraestructura es más sólida y el servicio más accesible, pero en el interior rural la cobertura y la calidad siguen siendo problemáticas.
La alta proporción de líneas prepago en la región también responde a estrategias comerciales y no necesariamente a un uso intensivo o sostenido del servicio.
Factores detrás de la desigualdad
La capacidad de adquirir varios dispositivos y servicios depende del ingreso per cápita. Costa Rica y Panamá presentan mercados donde la multi-suscripción es frecuente y los servicios pospago tienen mayor peso. En Honduras y Nicaragua, la menor capacidad adquisitiva condiciona tanto la cantidad de líneas como el tipo de servicios contratados.
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El despliegue de infraestructura se facilita en países densamente urbanizados como El Salvador, donde la cobertura alcanza con más facilidad a la población.
En territorios extensos y con comunidades dispersas, como Guatemala y Honduras, la inversión necesaria para llegar a todos los sectores es mayor, y eso se traduce en brechas territoriales persistentes.
La estructura del mercado también influye. La competencia entre operadores impulsó la venta masiva de chips y promociones agresivas, especialmente en mercados prepago, lo que eleva la cifra de líneas activas. En muchos casos, eso no se traduce en una mejora del acceso o de la calidad del servicio.
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Desafíos para la inclusión digital
La existencia de más de una línea móvil por persona en promedio oculta realidades diversas y brechas internas profundas.
El acceso efectivo a la conectividad sigue condicionado por la ubicación geográfica, el género, la edad, el nivel educativo y el ingreso. En muchos hogares rurales, el teléfono básico sigue siendo la única herramienta disponible.
Los programas de inclusión digital deben priorizar a las comunidades rurales, a las mujeres en contextos de desigualdad y a los sectores de menores ingresos y menor escolaridad. También resultan centrales las políticas focalizadas y las regulaciones que promuevan la inversión en infraestructura y la transparencia en los servicios.
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