El sistema nacional de salud de Costa Rica atraviesa horas de profunda conmoción, indignación y vulnerabilidad tras registrarse el día de ayer, 8 de agosto, un ataque violento e inusitado en las instalaciones del Hospital La Anexión, ubicado en la ciudad de Nicoya, provincia de Guanacaste. La incursión armada de dos criminales dentro de una sala de hospitalización finalizó con la ejecución a quemarropa de un paciente y dejó herida de bala a una adulta mayor que se encontraba en el mismo salón.
El suceso encendió de inmediato las alarmas institucionales y detonó una enérgica ola de reclamos por parte de las principales organizaciones médicas y sindicales del país, las cuales exigen una reestructuración profunda de los protocolos de vigilancia hospitalaria ante el avance alarmante de la delincuencia.
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La Unión Médica Nacional (UMN) manifestó su más profunda indignación, señalando que los establecimientos sanitarios deben mantenerse como santuarios inexpugnables destinados al cuidado, protección y curación de la población, y de ningún modo convertirse en escenarios donde grupos criminales puedan entrar y cometer homicidios a sangre fría.
Por lo que, la dirigencia médica advirtió que lo acontecido en Guanacaste representa una gravísima señal de alerta roja para miles de médicos, enfermeros, personal técnico y administrativo del sistema de salud.
A esta posición se unió categóricamente el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE Afines). El secretario general de esta organización, Lenin Hernández, exigió a la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Gobierno Central implementar acciones y soluciones de resguardo de manera urgente.
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Entre las peticiones concretas formuladas por el SINAE destacan:
- La revisión inmediata y el reforzamiento profundo de todos los protocolos de seguridad física e inspección de accesos en los hospitales públicos a nivel nacional.
- La ejecución de un diagnóstico nacional de riesgos para categorizar e identificar las instalaciones médicas más propensas a incursiones de violencia organizada.
- Una estrecha coordinación estratégica con la Fuerza Pública para garantizar patrullajes perimetrales continuos e intervención oportuna ante emergencias.
- La reformulación de los protocolos de seguridad para aquellos pacientes que ingresen a los centros hospitalarios estando bajo condición de detención, investigación penal o riesgo de violencia previamente identificado.
Antecedentes judiciales del fallecido y la custodia policial previa
La víctima fatal de esta incursión fue identificada con los apellidos Valverde Matarrita, un costarricense de 32 años de edad que llevaba dos días internado en el hospital a causa de una lesión en una extremidad inferior.
Las autoridades confirmaron que el sujeto de apellido Valverde contaba inicialmente con medida de custodia policial en el centro hospitalario, dispuesta para evitar un eventual peligro de fuga, ya que el individuo figuraba como imputado y sospechoso en un proceso penal en curso por el delito de robo agravado.
Sin embargo, las autoridades policiales detallaron que dicha medida de resguardo fue retirándose o eliminándose previo a la ejecución del homicidio. El director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, ratificó que la custodia ordenada originariamente por la Fiscalía de Guanacaste no se encontraba activa al instante de la agresión criminal. Esta interrupción de la vigilancia policial dentro del recinto hospitalario es objeto de revisión por parte de las autoridades judiciales, al haber quedado la víctima totalmente vulnerable en una camilla pública y expuesta ante sus asesinos.
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Mientras la administración del Hospital La Anexión reforzó de forma inmediata sus dispositivos de vigilancia e inspección en los portones principales, el OIJ mantiene un amplio operativo de rastreo tras el hallazgo del vehículo utilizado por los atacantes, en busca de esclarecer por completo este sangriento hecho.
Asimismo, las organizaciones médicas reiteran que es imperativo e impostergable reforzar de manera integral las medidas de seguridad en todas las instalaciones sanitarias del país, asegurando que ningún funcionario ni paciente vuelva a quedar expuesto ante la delincuencia organizada en lugares que deben ser de estricta protección y vida.
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