
Diputados avalaron este 15 de junio un dictamen para ampliar por cinco años el fideicomiso ambiental para la conservación del bosque cafetalero "FICAFÉ“, administrado por Bandesal, y sumar USD 554.615 al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar el programa “Progresar Rural”.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto avaló la prórroga del fideicomiso, creado en 2001 y próximo a vencer en julio de 2026. La medida busca mantener respaldo financiero para el sector cafetalero ante la volatilidad de los precios internacionales, enfermedades como la roya y los efectos del cambio climático.
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Según Luis Mendoza, gerente de Gobierno Corporativo de Bandesal, explicó que FICAFÉ, cuya constitución se rige por el Código de Comercio, alcanzó su límite legal de 25 años. La extensión permitirá mantener operativa la estructura fiduciaria hasta 2031 y dar continuidad a los créditos y certificados fiduciarios gestionados por la institución.
¿Qué alcance tiene la prórroga de FICAFÉ?
Andrés Rosa, gerente de Fondos y Fideicomisos de Bandesal, señaló que los principales fideicomitentes de FICAFÉ son el Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, Banco Agrícola, Banco Cuscatlán y Banco Davivienda.

Esas entidades han canalizado recursos para financiar actividades vinculadas al cultivo y la exportación de café, un rubro con aporte en divisas, generación de empleo y encadenamientos productivos y turísticos.
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Durante la sesión, los diputados señalaron que el sector cafetalero tiene impacto en la empleabilidad y el dinamismo económico de El Salvador. También destacaron el papel de Bandesal en el otorgamiento de créditos y fideicomisos para sostener actividades agropecuarias.
“El sector cafetalero ahora incursiona directamente en el turismo y amplía la productividad de las fincas, ofreciendo experiencias a nacionales y extranjeros”, dijo uno de los legisladores durante la transmisión.
FICAFÉ fue diseñado para emitir certificados de participación respaldados por carteras de crédito orientadas a productores y exportadores. Mendoza afirmó que, desde su creación, hubo obstáculos como decretos de suspensión de embargo que impidieron la recuperación total de la cartera crediticia.
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El funcionario agregó que la ampliación del plazo representa “un respiro” para el sector, porque facilita condiciones para cumplir obligaciones financieras y mantener la producción frente a escenarios adversos.
El respaldo político y los argumentos oficiales
La iniciativa presidencial, tramitada a través del viceministro de Agricultura y Ganadería, recibió respaldo unánime de los diputados presentes. Según el dictamen favorable, la prórroga busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos climáticos y económicos que afectan a la caficultura.
“La adaptación del sector a nuevas condiciones requiere apoyo mediante inversiones y condiciones favorables que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones crediticias”, se lee en el documento leído por la diputada Rebeca Rodríguez.
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Fuentes de la comisión indicaron que, sin la ampliación, el instrumento legal habría expirado en menos de dos meses, lo que habría dejado sin respaldo a cientos de productores.

La partida para Progresar Rural
En la misma jornada, la Comisión de Hacienda avaló la incorporación de USD 554.615 al presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería para financiar el Programa de Desarrollo Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (Progresar Rural).
Los fondos, provenientes de un préstamo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), se destinarán a la contratación de personal especializado, compra de equipo de oficina, vehículos y la implementación de planes de capacitación y asistencia técnica para zonas rurales.
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Durante la presentación, Marlon Omar Herrera, director general de Inversión y Créditos del Ministerio de Hacienda, dijo que el objetivo es transformar la situación productiva y alimentaria nacional mediante sistemas sostenibles, diversificación agropecuaria y fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
El dictamen aprobado precisa que los recursos se usarán para fortalecer la unidad ejecutora del programa, implementar capacitaciones y asegurar la provisión de herramientas necesarias para el desarrollo de actividades productivas en las zonas rurales.
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