
Los operativos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) se realizaron en San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos en el departamento de Morazán, así como en Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión. En estos municipios del oriente del país, las autoridades desarticularon una estructura dedicada al narcomenudeo.
El fiscal del caso explicó que la intervención se desarrolló tras una investigación que se extendió por casi un año. El foco estuvo puesto en identificar a los principales presuntos responsables del tráfico de crack, cocaína y marihuana en los municipios mencionados.
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Durante el operativo, la FGR ejecutó 22 registros y giró órdenes de captura contra 16 sujetos. Los detenidos fueron perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga. La estructura desmantelada se organizaba en células que operaban de manera coordinada para almacenar, distribuir y vender sustancias ilícitas.

La investigación se inició el 26 de mayo de 2025 y concluyó el 20 de mayo de 2026. En ese periodo, las autoridades lograron 18 detenciones en flagrancia, lo que permitió avanzar en la identificación de los miembros de la estructura criminal. El fiscal del caso señaló que se documentaron alrededor de 453 transacciones de droga, cifra que refleja la magnitud del tráfico en la región.
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Uno de los puntos centrales de la investigación fue el mapeo de las zonas de operación de cada célula. Los capturados, según la FGR, se encargaban de distribuir estupefacientes de forma sistemática en diferentes municipios, asegurando así el abastecimiento constante de droga en el oriente del país.
Entre los detenidos figuran tanto líderes como supuestos colaboradores de las células, cada uno con funciones específicas asignadas para lograr el funcionamiento integral de la red. Las tareas iban desde la vigilancia y el contacto con compradores, hasta el traslado y entrega de las sustancias.
El fiscal del caso destacó que, en el momento de las capturas, se decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuana y un vehículo. Sobre este último, el funcionario detalló que las pruebas practicadas determinaron que el vehículo dio positivo a cocaína.
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La escala de la operación permitió no solo identificar a los principales actores dentro de la red, sino también recabar pruebas materiales que serán presentadas ante los tribunales. Las autoridades resaltaron que la investigación fue esencial para individualizar el rol de cada detenido dentro de la estructura.
Cargos y delitos imputados a los detenidos
El fiscal del caso informó que todos los capturados serán procesados por varios delitos, en función de las pruebas recabadas. Las acusaciones presentadas incluyen siembra y cultivo, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas.

La FGR giró órdenes administrativas por tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. El fiscal explicó que el material probatorio reunido permitió atribuir a cada persona una función concreta dentro de la red. En la presentación oficial, se detalló la división de tareas entre quienes coordinaban la logística, la distribución y la venta de droga.
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Además de los cargos principales, las autoridades evalúan otros posibles delitos relacionados con la posesión de insumos y vehículos empleados para facilitar el tráfico de drogas. El fiscal del caso aclaró que las investigaciones siguen en curso y que no se descarta la posibilidad de realizar nuevas capturas en los próximos días.

La actuación coordinada de la FGR y la PNC permitió, según el funcionario, intervenir puntos clave en Morazán y La Unión y desarticular una red que operaba de manera constante en la zona oriental. Las acciones judiciales continúan y el caso se mantiene abierto para ampliaciones futuras según lo determinen las investigaciones.
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