El sistema de transporte público en El Salvador sostiene con dificultad la movilidad del 70% de la población, pero una combinación de tarifas congeladas desde hace 22 años, la escalada de precios del combustible y una marcada carencia de renovación en la flota amenaza su estabilidad y continuidad. El resultado es una disminución constante de unidades en circulación y un servicio cada vez menos eficiente para los usuarios, de acuerdo con el diagnóstico presentado por Lucio Vásquez, representante de la Mesa Nacional del Transporte, en una entrevista con el medio YSUCA.
En los últimos dos años, el sistema ha experimentado un recorte significativo: solo en 2022 desaparecieron 425 unidades, y en 2023, 325 más. Vásquez advirtió a YSUCA que si la tendencia se mantiene, al menos 700 buses y microbuses no serán reemplazados este año, lo que dejará a una parte importante de la población sin una alternativa viable de movilidad, especialmente en rutas urbanas y suburbanas.
La congelación de la tarifa, actualmente en 20 centavos de dólar en áreas urbanas, representa el elemento central de la crisis. Vásquez señaló que la falta de actualización desde hace más de dos décadas ha impedido que los empresarios solventen el incremento de los costos operativos. En particular, el combustible, cuyo precio constituye hasta el 68% de los gastos totales de operación, impide cualquier margen de maniobra cuando su valor se eleva: “No tenemos la capacidad de trasladar el aumento de costos al usuario, como ocurre en la mayoría de otros sectores, porque la tarifa está regulada”, afirmó Vásquez en YSUCA.
El efecto inmediato de estas restricciones se traduce en abandono masivo del negocio por falta de rentabilidad. De continuar la actual dinámica, explicó el dirigente transportista, “a este ritmo podríamos perder un 60% del parque vehicular en solo cinco años". Su cálculo es concreto: el sistema ha reducido su flota en un promedio de 400 unidades anuales, tendencia que se agudiza en contextos de inflación y falta de acceso a crédito.
El deterioro del sector está siendo percibido directamente por quienes dependen del transporte público. Durante la emisión recogida por YSUCA, oyentes de diversas zonas, como Soyapango, Cojutepeque y Villa El Triunfo, narraron problemas cotidianos: largos intervalos de espera, sobrepoblación en los vehículos, recurrencia a pick-ups informales ante la ausencia de buses y precariedad en condiciones básicas como timbres o espacios para sujetarse.
En palabras de Vásquez, este fenómeno responde a dos variables: la reducción de unidades por abandono o falta de reemplazo, y la creciente competencia de servicios ilegales no regulados. “Actualmente hay 45,000 vehículos en competencia ilegal frente a 9.256 buses y microbuses regulados“, puntualizó Vásquez, quien advirtió que por cada ruta formal, existen hasta 300 vehículos operando sin regulación, restando pasajeros e ingresos al sistema formal.
Frente a la crisis, la Mesa Nacional del Transporte ha presentado al Gobierno propuestas orientadas a la sostenibilidad del sistema. Entre los ejes fundamentales destacan la creación de un precio máximo para el diésel, una nivelación tarifaria y la reorganización de la flota con vehículos más eficientes y adecuados a la infraestructura nacional.
Vásquez detalló a YSUCA que, de mantenerse el precio regulado y congelado, solo una intervención estatal podrá evitar la desaparición paulatina del transporte público colectivo. “Si el gobierno mantiene la tarifa congelada, lo ideal sería que busque mecanismos para mantener vivo el sistema”, afirmó, poniendo el acento en la urgencia de acuerdos multisectoriales y el diseño de una política integral.
Un obstáculo señalado por el sector es la demora en el pago de subsidios estatales, que suele acumular retrasos de hasta seis meses. Esto agrava la falta de liquidez e impide afrontar obligaciones fiscales y laborales. Vásquez relató que “solo se ha recibido un depósito en los últimos meses” y recalcó que los compromisos pendientes con proveedores y trabajadores amenazan la operación básica de las rutas.
La dificultad para acceder a créditos a tasas razonables añade un nivel adicional de complejidad: “Los intereses de los préstamos han pasado de entre 7.5% y 8% a hasta 18%“, condición que hace inviable la renovación de flota para la mayoría de empresarios, según advirtió el dirigente en la entrevista.
Los problemas trascienden la mera cuestión económica. Además del abandono de unidades, la competencia de vehículos “piratas” —como taxis informales y buses de uso privado que se incorporan al transporte público sin controles— agrava la atomización del mercado y la disminución de ingresos. Vásquez destacó la contradicción entre la exigencia de regulaciones e impuestos al sector formal, frente a la exención de cualquier control sobre los operadores ilegales.
La atención a los usuarios también resulta afectada. Oyentes y participantes en el programa describieron deficiencias como la falta de timbres, insuficiencia de lugares para sujetarse y una actitud poco atenta de los conductores. Vásquez reconoció estos señalamientos e insistió en la raíz económica: “No desaparecerán solo los timbres o los agarraderos, sino la unidad completa si no se revierte la crisis”.
El sector formal advierte la imposibilidad de sostener el sistema sin intervención inmediata
La Mesa Nacional del Transporte concluye que la viabilidad futura del sistema depende de una “mesa verdadera” en la que actores públicos y privados acuerden medidas urgentes, entre ellas, una estructura tarifaria actualizada, mecanismos de control y fiscalización para erradicar la competencia ilegal y una estrategia estatal de alivio financiero y modernización operativa.
Si ninguna reforma estructural es concretada en el corto plazo, la proyección cuantitativa es clara: en cinco años podría sobrevivir solo el 40% del parque público actual, obligando a millones de salvadoreños a depender de medios informales aún más precarios y reduciendo drásticamente la capacidad de movilidad nacional. La opinión mayoritaria recogida por YSUCA es que, sin intervención estatal, el sistema se encamina a un colapso generalizado y una nueva crisis social en la movilidad urbana y rural del país.
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