El Salvador busca emitir prisión perpetua para autores y cómplices necesarios en casos de violaciones, homicidios y terrorismo

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictámenes favorables para ratificar una reforma constitucional que habilita la prisión perpetua para delitos como terrorismo, violación, homicidio y feminicidio, y para armonizar la legislación secundaria correspondiente.

El avance legislativo responde a la intención de endurecer el castigo para quienes sean encontrados culpables de los delitos más graves, buscando con ello fortalecer la política de seguridad del país y establecer penas ejemplares en el marco legal vigente, según declararon los diputados en la Comisión.

En el desarrollo de la sesión, el diputado Caleb Navarro propuso modificaciones específicas al Código Penal, enfatizando la necesidad de igualar la pena entre autores y cómplices en los delitos que conllevan prisión perpetua.

De acuerdo con la intervención de Navarro recogida en la exposición ante la Comisión, planteó que “la pena para los cómplices en los delitos cuya pena sea prisión perpetua será la misma que se imponga a los autores”. Posteriormente, el legislador justificó el cambio y explicó: “Porque aquel que ayudó y que su ayuda fue imprescindible para cometer el delito tiene que recibir la misma, la misma pena”.

La moción abordó además la distinción entre tipos de cómplices, un aspecto que fue recalibrado tras el debate parlamentario. Navarro realizó una precisión basada en el artículo 36 del Código Penal, que define a los cómplices como aquellos que brindan una cooperación necesaria para la comisión del delito, detallando: “Cuando nosotros estamos haciendo esta propuesta, me estoy refiriendo al cómplice necesario. Es decir, el que está estableciendo que sin la cooperación de este no hubiese sido posible el delito”. El diputado ejemplificó el alcance de la reforma con un caso donde una persona proporciona un arma utilizada en un homicidio, subrayando que sin esa participación el crimen no se habría concretado.

La diputada Marcela Villatoro solicitó puntualizar la redacción para delimitar el concepto de “cómplice necesario”, señalando que existen individuos que colaboran bajo coacción o amenazas. Esa aclaración fue incorporada finalmente en el texto para distinguir la responsabilidad de quienes participan sin una decisión plenamente voluntaria.

Durante el análisis, Navarro también precisó las diferencias entre un cómplice necesario y un simple colaborador, como aquellos que alertan a las pandillas sobre operativos policiales. Explicó que este último grupo no recibe la misma pena y mantiene acceso a programas de reinserción social, como el “Cero Ocio”, conforme lo establece la Constitución nacional, aunque igualmente debe cumplir una condena privativa de libertad.

Sobre el clima social y político, el diputado José Chamagua defendió la reforma y aseguró que: “No es ningún tipo de populismo punitivo. La misma población respalda los esfuerzos en seguridad que se han hecho”, de acuerdo con la documentación oficial de la sesión parlamentaria.

Las reformas legales igualan las penas para autores y cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua

El acuerdo avalado por la Comisión Política modifica los artículos 66 y 68 del Código Penal. Según el nuevo texto, tanto los autores como los cómplices necesarios en delitos con prisión perpetua enfrentarán la misma sanción.

En el caso de los delitos tentados —cuando la acción delictiva no se consuma—, la pena se establecerá desde la mitad del plazo hasta la primera revisión estipulada para la prisión perpetua, siempre conforme a lo dispuesto en el artículo 92B del mismo Código, según la enmienda propuesta por Navarro.

Estos cambios legales distinguen expresamente entre el cómplice necesario, cuya participación es imprescindible para consumar el delito, y otras formas de cooperación consideradas de menor gravedad según el Código Penal.

La aplicación diferenciada de las penas responde a la exigencia de proporcionalidad jurídica y a la demanda social creciente por mecanismos más estrictos contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto, tal como expusieron los legisladores presentes durante el debate.

La reforma ratificada por la Comisión Política culmina tras un proceso de discusión técnica y responde a la ampliación de la política criminal del Estado salvadoreño. Los dictámenes podrán incluirse en el desarrollo de la sesión plenaria convocada para este jueves 26 de marzo.