
El impulso a la micro y pequeña empresa en El Salvador avanza hacia una nueva etapa con la propuesta de reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, actualmente en estudio por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa. El objetivo de esta actualización es adaptar el marco legal para fortalecer el desarrollo sostenible e inclusivo de este sector, considerado el verdadero motor de la economía nacional por su impacto en la generación de empleo y la dinamización productiva, según dictaminó la comisión este lunes.
Uno de los datos que genera mayor atención en el debate legislativo es que el 99.6 % de los empresarios en El Salvador son micro y pequeños. Así lo explicó Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), al precisar que solo existen 990 empresas grandes y 2,830 medianas, mientras el país cuenta con más de 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas que emplean entre cuatro y diez personas y 840,000 microempresas con menos de cuatro empleados.
A este escenario se agrega que, según datos del Seguro Social, el 89.5 % de todos los patronos formales activos en 2024 también pertenece a micros y pequeños. Estas cifras han crecido en los años recientes y reflejan una política orientada a fortalecer la base económica del país.
Un elemento central, contemplado en la reforma, es que para calificar a un préstamo de Fideicomiso Especial para la Micro y Pequeña Empresa (FECAMYPE), se exige haber sido rechazado por la banca privada. Para la línea de créditos dirigida a mujeres, destaca la tasa de mora superior a noventa días de solo 0.02 %, frente al 4.5 % en el sector privado. Steiner enfatizó: “sabemos también que las empresas lideradas por mujeres emplean más personas y les pagan mejor”.

Reformas en categorías empresariales
La propuesta de reforma plantea una revisión de las categorías y topes que definen los tamaños empresariales. Para la microempresa, el límite anual de ventas incrementa a aproximadamente USD 220,000 (unos 500 salarios mínimos), manteniendo el máximo de diez empleados. Las pequeñas empresas verán aumentado su tope a casi USD 2.5 millones (5,000 salarios mínimos) y hasta 50 empleados.
Se suman nuevas subcategorías: subsistencia, acumulación y expansión. Un 67 % a 68 % de las microempresas se clasifica como de subsistencia, generando ingresos diarios para cubrir necesidades inmediatas; apenas un 6.6 % se encuentra en expansión y accede con mayor facilidad al crédito. El enfoque es orientar políticas diferenciadas para cada etapa de desarrollo, ya que, en palabras de Steiner, “la gran mayoría de la microempresa es la que le da de comer a la mayoría del salvadoreño”.
Pronta paga y alivio de trámites
La reforma incorpora medidas para garantizar el pago ágil; el artículo de pronta paga obliga a las instituciones públicas a liquidar facturas de micro y pequeñas empresas en menos de 30 días. Si se supera este plazo, corresponde pagar intereses por mora. La cartera de cuentas por pagar de CONAMYPE a la microempresa tiene un promedio de quince días de acuerdo con la práctica actual de la institución.
Dentro de las acciones complementarias se prevé la reducción de tarifas y requisitos para la microempresa. Por ejemplo, el Centro Nacional de Registros (CNR) permite el pago de la mitad del costo usual al inscribir un logo para empresas registradas MYPE, y la Superintendencia de Registro Sanitario (SRS) ofrece estudios gratuitos a quienes no pueden cubrirlos. La reducción de la tramitología busca eliminar la burocracia que desalienta la formalización.

Nueva integración de la junta directiva
En la discusión de comisión se dictaminó retirar de la junta directiva de CONAMYPE a los representantes universitarios. Steiner argumentó que la colaboración con el sector académico es “muy cercana” en la ejecución operativa con quince centros SEDEMIPES (centros de alianzas con universidades) asociados, pero la aportación estratégica ha sido escasa, siendo ahora clave la incorporación del Ministerio de Hacienda para robustecer las políticas de formalización.
Sobre la eliminación de la referencia a “mujeres” y “género” en la ley, Steiner señaló que el 68 % de las empresas en El Salvador están lideradas por mujeres, indicando que el énfasis se pone en fomentar la empresa sin distingos y fortalecer el acceso al crédito para todos, remarcando que la igualdad “debe articularse por ejecución de política pública más que por prescripción en la ley”. Guadalupe Jiménez, directora jurídica de CONAMYPE, aclaró que la reforma “no excluye a las mujeres” y que las áreas de apoyo para la empresarialidad femenina siguen vigentes y en fortalecimiento.
Formalización y acceso al crédito
En la actualidad, el 40 % de la población salvadoreña tiene acceso a servicios bancarios, según la última encuesta de inclusión financiera del Banco Central de Reserva. Steiner observó que si el crédito se mide por empresa y no por persona, el acceso es mucho más bajo, lo que conduce a muchos empresarios pequeños a optar por prestamistas informales.

El desafío para el gobierno y CONAMYPE es demostrar al sector financiero privado que es viable otorgar créditos responsables a la micro y pequeña empresa; así lo respalda la baja morosidad de la línea de crédito para mujeres empresarias. Steiner plantea: “el crecimiento económico solo puede ser sostenible si comienza de abajo para arriba”.
Se espera que la aprobación del dictamen se apruebe en el pleno en la sesión plenaria 101 convocada para este miércoles 11 de marzo por la mañana.
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