Sistema aduanero de El Salvador busca restringir el ingreso de productos vinculados a explotación laboral

El Salvador impulsará un mayor control aduanero para frenar la importación de productos vinculados a trabajo forzoso, explotación infantil y otras formas de explotación laboral en la cadena de suministro, a través de una reforma legal que fortalecería la fiscalización y sanción de estas prácticas. La iniciativa, que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, busca alinear la regulación nacional con los compromisos internacionales en materia de derechos laborales, involucrando a varios organismos estatales en la vigilancia y aplicación de la normativa.

El dictamen emitido este lunes contempla la incorporación del artículo 27-A a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, bajo el título “Sistema Aduanero”. A través de esta reforma, toda empresa que desee introducir productos al país deberá presentar una declaración jurada en la que asegure que sus bienes no han sido fabricados, ensamblados ni manipulados en ningún eslabón de la cadena por medio de trabajo obligatorio o explotación de menores.

Luis Manuel Córdova, jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas (DGA), informó ante la comisión que, “esta declaración jurada va a ser consignada en las declaraciones de importación”. Frente a inconsistencias detectadas, la DGA podrá exigir documentación complementaria que demuestre el cumplimiento de los estándares laborales y requerir la trazabilidad total del proceso productivo, desde la fabricación hasta la distribución.

Si se prueba un intento de encubrimiento o el suministro de información falsa, el importador enfrentará “sanciones administrativas, civiles o penales”, incluida la suspensión inmediata del proceso de importación y la retención preventiva de la mercancía.

La DGA implementará este modelo de control en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía. Córdova indicó a la comisión que el Estado ajustará sus sistemas informáticos, incorporando herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos para facilitar la identificación de productos sospechosos y reducir los obstáculos al comercio legítimo.

El proyecto de reforma, de aprobarse en sesión plenaria, establece que la nueva regulación entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Compatibilidad con legislación nacional e internacional

El jefe de Asuntos Internacionales de la DGA recalcó el compromiso de El Salvador, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la erradicación del trabajo en condiciones que pongan en riesgo la integridad de los menores. Córdova afirmó: “esta nueva disposición es congruente con la legislación salvadoreña que reconoce que nadie puede ser obligado a desarrollar un trabajo sin retribución y sin su consentimiento”.

Durante el estudio del proyecto, Gerardo Alberto Ramos, jefe de la División Jurídica del Ministerio de Hacienda, y Córdova coincidieron en la necesidad de que la reforma sea eficaz, sin que implique una carga innecesaria para los empresarios. El funcionario enfatizó que la DGA “no tiene contemplado establecer mecanismos engorrosos, al contrario, hacer uso de los elementos tecnológicos de los cuales ya disponemos en nuestros procesos aduaneros, para que el proceso de cumplimiento de esta normativa por parte de los empresarios sea sencillo, sea efectivo y no conlleve mayores contratiempos en los procesos de importación”.

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