La Mesa de Trabajo para una Pensión Digna presentó su propuesta de reforma del sistema de pensiones de El Salvador para 2026, revelando que el modelo actual arrastra un déficit actuarial de USD 16,494.2 millones y cubre solo al 27% de la población económicamente activa.
El nuevo esquema, divulgado por Patricio Pineda, representante de esta gremial y al que Infobae tuvo acceso, es de corte mixto y busca mejorar la equidad y el monto de las jubilaciones, establecer un techo a la tasa de reemplazo y, fundamental para la sostenibilidad fiscal y los más destacado, reducir el déficit del sistema a USD 11,116,29 millones, lo que representa un ahorro proyectado de USD 5,377,91 millones frente al sistema vigente.
Aunque el diagnóstico reitera varios problemas ya conocidos —altos niveles de deuda previsional, salarios bajos, densidad insuficiente de cotizaciones y un demográfico envejecimiento acelerado— el documento aporta nuevos datos duros sobre la urgencia de medidas estructurales inmediatas.
El diagnóstico presentado por la Mesa es contundente. “Hay un 73% del total del patrimonio comprometido en deuda”, reportó Pineda y precisó: “De 16 mil millones que los trabajadores hemos aportado, del 98 al cierre del 2025, hay cerca de 12 mil millones en emisión de deuda”.
Además el 78% de los afiliados tienen salarios regulados de 500 dólares o menos y apenas el 36% logra cotizar de forma continua durante todo el año, un síntoma de informalidad y precariedad laboral.
Otro dato relevante es que la proporción de adultos mayores en El Salvador creció 2% para 2025 respecto de 2007, confirmando la presión adicional sobre un esquema ya tensionado.
El modelo actual, mayoritariamente gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), enfatizó Pineda, ha recibido numerosas críticas por bajo rendimiento, poca cobertura y alta carga sobre el Estado, lo que motiva la búsqueda de una solución de equilibrio entre capitalización individual y reparto solidario.
La propuesta del sistema mixto
La iniciativa presentado por la Mesa se articula en torno a dos grandes pilares: uno de capitalización individual, gestionado por las AFP, y otro de reparto solidario, administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Del total cotizado por los trabajadores, el 16% del ingreso base de cotización irá a financiar el esquema: 2% para la cuenta individual, 13.2% para reparto colectivo y 0.8% para administración.
El nuevo cálculo de beneficios reconoce todo el tiempo cotizado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) antes de 1998, sumado a los aportes en el sistema posterior. Para quienes cotizaron antes de la reforma de fines de los 90, los beneficios se cuantificarán integrando ambos períodos, y el riesgo por invalidez o muerte lo asumirá el pilar solidario estatal.
La propuesta modifica los parámetros de cálculo de la pensión: establece el retiro para mujeres a los 55 años y para hombres a los 60, con un mínimo de 25 años cotizados y una pensión mínima de 400 dólares mensuales. El salario máximo cubierto será de 3,000 dólares, y se establece un tope del 60% de tasa de reemplazo, es decir, la relación entre la pensión recibida y el último salario activo.
Además, el reconocimiento de beneficios incorporará el saldo registrado en el Fondo Social para la Vivienda (FSV), ampliando la base de cómputo de la jubilación.
Impacto proyectado y déficit reducido
Los resultados actuariales presentados por la Mesa de Trabajo demuestran que, si bien el déficit seguirá presente en el futuro inmediato, la nueva arquitectura del sistema permitiría reducirlo en más de USD 5,000 millones en el mediano plazo.
En detalle, el déficit total, al cabo de 25 años, pasaría de USD 16,494,2 millones a USD 11,116.29 millones, un dato que refuerza los argumentos a favor de la reforma desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal.
En términos individuales, el documento muestra que la reforma provocaría un aumento en los montos de las pensiones para todos los trabajadores obligados al sistema, con aumentos en la tasa de reemplazo.
Por ejemplo, un afiliado con un último salario de 963.67 dólares pasaría de una pensión de 400 dólares (43.39% de tasa de reemplazo) a 555.16 dólares (60,22%) bajo el nuevo esquema. Casos similares reflejan aumentos proporcionales para salarios de 1.378,20 dólares hasta 1.242,05 dólares, alcanzando tasas superiores al 60%.
El texto de la propuesta recalca que: “Se mejora el monto de pensiones a toda la población obligada y se reduce el déficit previsional. Reduce el promedio de los flujos anuales para los próximos 15 años."
El documento concluye con un llamado a la acción inmediata para evitar el colapso del sistema y consolidar una transición ordenada hacia el nuevo modelo mixto que garantice la equidad, la transparencia y la estabilidad financiera a largo plazo.
Lo que se viene
Esta iniciativa es la única a nivel gremial que está lista para ser presentada al gobierno, este tuvo como plazo límite el 10 de febrero para presentar ante la Asamblea Legislativa la propuesta de reforma al sistema de pensiones, uno de los temas más sensibles para la administración de Nayib Bukeley para la economía del país.
La fecha fue establecida como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI),para el financiamiento por $1,400 millones.
Se espera que en estos días, la nueva reforma sea aprobada por la Asamblea. Ya existe un estudio actuarial que se presentó con tres meses de retraso y plantea similares problemas a los analizados por la Mesa, sin embargo la expectativa de los salvadoreños es si los cambios traerán más años de trabajo o u aumento en la edad de retiro.
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