La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) confirmó una condena de más de 13 años de prisión contra Norman Quijano, exdiputado y excandidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ante los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El tribunal dictó la sentencia en el año 2024 y se ha hecho efectiva desde el pasado 26 de enero, fecha en la que Quijano quedó detenido tras regresar al país.
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El proceso judicial contra Quijano surge en el contexto de una serie de investigaciones que han buscado desmontar los vínculos entre actores políticos y estructuras criminales en el país centroamericano.
El antecedente principal reside en la campaña presidencial de 2014, cuando el exdiputado habría buscado el respaldo de pandillas a cambio de beneficios. Esta práctica, documentada a través de reuniones y pactos no oficiales, inscribe el caso dentro de la lucha institucional para erradicar la corrupción electoral y la penetración del crimen organizado en el sistema político del país.
Durante el proceso, la fiscalía salvadoreña presentó grabaciones, testimonios y documentos que acreditaron la existencia de contactos directos entre Quijano y cabecillas de pandillas.
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La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador consideró que la conducta de Quijano configuró claramente los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, sumando su caso a varios procesos recientes enfocados en desarticular la colusión entre políticos y organizaciones criminales.
“La Fiscalía presentó todas las pruebas que demostraron que Quijano sostenía reuniones directas con los cabecillas de las pandillas, a cambio de recibir votos”, expresa una publicación de redes sociales.
La sentencia ha generado expectativas sobre el alcance futuro de los procesos judiciales orientados a proteger la legalidad democrática en El Salvador, marcando un hito en la relación entre poder político y estructuras ilícitas.
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Cinco años fuera del territorio salvadoreño
La extradición Quijano a El Salvador, procedente de Estados Unidos se realizó el 27 de enero de 2026, tras un proceso judicial que incluyó acusaciones por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Las autoridades estadounidenses entregaron al exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa a funcionarios salvadoreños, quienes lo recibieron en el aeropuerto y procedieron a notificarle formalmente la condena de 13 años y 4 meses de prisión dictada en su contra por un tribunal salvadoreño en abril de 2024.
El procedimiento se llevó a cabo después de que Quijano permaneciera bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un centro de detención migratoria en Texas.
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La detención se realizó por temas migratorios, ya que INTERPOL no ejecutó la captura al considerar el caso como persecución política según sus estatutos. A pesar de la solicitud de asilo presentada por Quijano, las autoridades migratorias estadounidenses resolvieron su entrega a El Salvador bajo la figura de deportación, no de extradición formal, aunque el proceso se desarrolló en estrecha coordinación entre ambos países.
El Ministerio Público salvadoreño indicó que Quijano fue trasladado a un centro penitenciario para iniciar el cumplimiento de la condena.
La sentencia se fundamentó en pruebas documentales, audios y testimonios que demostraron su participación en negociaciones con líderes de pandillas para obtener apoyo electoral durante las elecciones presidenciales de 2014.
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La llegada de Quijano a territorio salvadoreño marcó el inicio de su reclusión y la ejecución de la sentencia impuesta, en el marco de un caso que ha sido seguido de cerca tanto por medios locales como internacionales, y que ha puesto en relieve la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador en materia judicial.
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