El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador ha surgido como un referente regional, luego de que gobiernos de países como Chile, Costa Rica y Guatemala buscan replicar aspectos de su modelo para enfrentar la delincuencia organizada.
Desde su apertura en 2023, la megacárcel ha sido objeto de atención tras convertirse en la apuesta central del gobierno de Nayib Bukele para contener la violencia de las pandillas; en las últimas semanas, altos representantes y presidentes electos de otras naciones han confirmado visitas y análisis in situ del complejo penitenciario.
El origen de esta estrategia se remonta a los años en que El Salvador lidió con algunos de los niveles de criminalidad más elevados del mundo, atribuidos en gran parte a las operaciones de grupos como Mara Salvatrucha y Barrio 18. Durante décadas, las tasas de homicidio y extorsión mantuvieron al país en una situación permanente de crisis. La administración de Bukele respondió instaurando un régimen de excepción y una política de reclusión masiva.
Fuentes oficiales reportan que estas medidas llevaron los homicidios a mínimos históricos y propiciaron una caída sostenida en los delitos violentos.
El CECOT, descrito por el Ejecutivo salvadoreño como la prisión más grande de América Latina, cuenta con capacidad para más de 40,000 internos en módulos de máxima seguridad.
El recinto incorpora tecnología avanzada de vigilancia, sistemas de control biométrico y estrictos protocolos de aislamiento, con el objetivo de desarticular redes criminales internas y evitar la comunicación entre cabecillas. Esta infraestructura responde a la lógica de control total y neutralización de la actividad criminal tras los muros, que el gobierno salvadoreño considera clave para restablecer el orden.
Interés y reacciones a nivel regional
El impacto del modelo salvadoreño ha trascendido fronteras. Este día el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, planea visitar el CECOT a fin de analizar en detalle su funcionamiento. Kast explicó su interés en aprender “cómo se ha logrado la pacificación en El Salvador” y evalúa alternativas de aplicación en el contexto chileno, donde el crimen organizado y las demandas sociales presionan por respuestas contundentes.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, realizó en diciembre de 2025 una visita al complejo penitenciario del país. La gira del mandatario costarricense incluyó un recorrido por las instalaciones junto a su equipo de seguridad y funcionarios del Ministerio de Justicia. La visita se produjo en el marco del debate nacional sobre la seguridad y el hacinamiento carcelario.
En semanas recientes, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, llegó a Costa Rica para participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nueva megacárcel. Autoridades confirmaron que el proyecto toma como referencia el modelo penitenciario implementado en El Salvador-
Funcionarios del gobierno costarricense señalaron que la nueva infraestructura penitenciaria busca responder a la sobrepoblación carcelaria y reducir la incidencia de delitos cometidos desde el interior de los centros de reclusión.
El Ministerio de Justicia y Paz indicó que la obra se financiará con recursos estatales y contará con tecnología de vigilancia avanzada, inspirada en la experiencia salvadoreña.
En Guatemala, aunque aún no existen proyectos concretos de construcción. Sin embargo, funcionarios mantienen conversaciones con las autoridades salvadoreñas para intercambiar experiencias en gestión penitenciaria. Fuentes oficiales consultadas admiten que el interés guatemalteco se enfoca en fortalecer el orden en las cárceles frente a la expansión de las pandillas.
Argumento de las autoridades sobre la importancia del CECOT
Las autoridades sostienen que este tipo de infraestructura permite aislar a líderes de organizaciones criminales y limitar su capacidad de organizar delitos desde el interior de las prisiones. Además, el enfoque de máxima seguridad apunta a reducir la violencia y el hacinamiento carcelario, problemas frecuentes en los sistemas penitenciarios de la región.
Diferentes líderes políticos consideran que este megaproyecto puede fortalecer la gobernabilidad, mejorar la percepción de seguridad entre la ciudadanía y enviar un mensaje firme frente a la criminalidad organizada.
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