Los diputados que integran la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa discutirán hoy un ambicioso proyecto de “Ley para el fomento de la expansión de las inversiones”, que apunta a transformar el dinamismo empresarial mediante incentivos fiscales focalizados en compañías ya establecidas. La propuesta, presentada por el Ministerio de Economía a la Asamblea salvadoreña, ofrece beneficios tributarios dirigidos a empresas que decidan ampliar sus operaciones con inversiones desde $1 millón hasta más de $20 millones, con el objetivo de estimular el crecimiento en sectores estratégicos y consolidar la economía nacional a largo plazo.
Uno de los principales estímulos consiste en un crédito tributario acreditable contra el Impuesto sobre la Renta, con una vigencia de hasta 10 años, lo que representa un alivio fiscal significativo para quienes amplíen sus inversiones conforme a las condiciones establecidas. Además, la iniciativa contempla la exención del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces en la adquisición de inmuebles utilizados para la expansión, siempre que se mantenga el uso productivo durante al menos cinco años. De acuerdo con la información publicada, la medida busca crear un paquete integral de incentivos que promueva la reinversión local y la modernización del tejido productivo en El Salvador.
El proyecto detalla criterios rigurosos de elegibilidad: los incentivos solo estarán disponibles en sectores como textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéuticos y químicos, productos para la construcción y papel. Se excluye expresamente a las empresas que ya reciben beneficios tributarios de otras normativas o que hayan perdido tal condición por incumplimiento, así como a aquellas que mantienen pendientes obligaciones aduaneras o fiscales.
Para acceder a los incentivos, cada empresa interesada deberá obtener un “Acuerdo de calificación de la inversión de expansión” otorgado por el Ministerio de Economía, que cuenta con un plazo de cinco días hábiles para una revisión inicial de requisitos y, en caso de observaciones, un máximo de 10 días para que pueda subsanarlas. Posteriormente, tras solicitar opinión al Ministerio de Hacienda, la resolución definitiva deberá emitirse en un plazo adicional de 10 días hábiles. El proceso administrativo se articula de manera ágil, para evitar dilatar las decisiones de inversión.
La solicitud exige una serie de documentos y comprobantes: se requiere el nombre de la persona natural o jurídica responsable, calificación de inversionista emitida por Invest o la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, número de administración tributaria, una descripción técnica del proyecto, cronograma de ejecución, monto de la inversión y porcentaje de ampliación proyectada. Asimismo, se exige la presentación de estados financieros auditados y depositados en el Centro Nacional de Registros de los últimos 10 años, comprobantes de capacidad técnica y financiera, y una declaración jurada que respalde la veracidad de la información.
El texto, remitido a la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, establece que la discusión legislativa arrancará este día, lo cual abrirá un proceso en el que se espera la evaluación técnica y política de la propuesta.
La comisión está convocada para las 2:30 de la tarde, en caso de aprobarse pasará a la discusión de la plenaria, que está convocada para mañana a las 9: 30 a.m.
Al contar con el beneplácito del pleno legislativo, la ley entraría en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial.
La comisión también podría discutir esta tarde una reforma de ley para call centers y otros servicios internacionales. La iniciativa. que también fue presentada por el Ministerio de Economía, regula el establecimiento y funcionamiento de los parques y centros de servicios, que incluye exenciones fiscales para las compañías que cumplen los requisitos de operación en estos espacios.
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