El gobierno porteño aprobó un protocolo para abordar la “violencia digital” en la escuela

Varios casos veían levantando alertas, sobre todo en escuelas secundarias, muchas de ellas privadas: estudiantes que generan “porno deepfake”, es decir, utilizan imágenes de sus compañeras y las falsean con IA para convertirlas en contenido pornográfico.

La mayoría de los casos no condujeron a denuncias de las familias, sino que se abordaron en el ámbito escolar, con contención para los estudiantes y sus familias. Pero desde el Ministerio de Educación de CABA tomaron nota de la situación y, frente a la acumulación de situaciones, decidieron elaborar un protocolo para dar orientaciones claras a las instituciones educativas.

El nuevo protocolo para abordar la violencia digital, que entró en vigencia esta semana, se aplicará tanto en escuelas públicas como privadas, según informó el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Mercedes Miguel.

La medida impulsada por el gobierno de Jorge Macri tiene como objetivo combatir diversas formas de violencia online, incluyendo el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, el hackeo de cuentas y la publicación de información personal sin autorización. Se aprobó por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.

El protocolo aporta orientaciones para intervenir “ante casos de violencia digital o cualquier acción llevada adelante a través de redes sociales, correos electrónicos, plataformas de mensajería o sitios web con el propósito de acosar, intimidar, humillar, discriminar, difamar o vulnerar los derechos de una persona”, señaló el Ministerio de Educación de CABA en un comunicado.

En el ámbito escolar, la violencia digital es un problema creciente debido al uso masivo de tecnologías desde edades tempranas. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial 1 de cada 6 adolescentes en edad escolar experimentó ciberacoso. En Argentina, la Encuesta Periódica de Acoso Escolar 2024 de la Fundación Encontrarse en la Diversidad reveló que el 40% de los encuestados recibió mensajes ofensivos a través de redes sociales y dispositivos móviles por parte de compañeros.

Qué dice el nuevo protocolo

El protocolo aprobado por las autoridades porteñas establece un procedimiento detallado para abordar casos de violencia digital entre estudiantes. Una vez identificado un incidente, se sugiere implementar la Ley 223, que regula el Sistema Escolar de Convivencia, y entrevistar a los estudiantes involucrados para iniciar el proceso de reparación. Las medidas pueden incluir desde la separación temporal del estudiante agresor hasta la intervención de equipos técnicos y la notificación a los supervisores, quienes deben reportar la situación al Ministerio Público Tutelar.

Además, el protocolo recomienda acciones como registrar por escrito todas las intervenciones realizadas, informar a las familias de los estudiantes involucrados, y evaluar la necesidad de acciones restaurativas. En relación con las familias, se plantea entrevistarlas en instancias separadas para explicarles la situación y las acciones que realizará la escuela.

También se enfatiza la importancia de educar sobre el buen uso de las redes sociales, la noción de privacidad y el respeto a la intimidad, así como la creación de espacios de reflexión para mejorar la convivencia escolar. Otro punto clave establece la necesidad de resguardar la intimidad de los estudiantes involucrados en el hecho.

En casos en los que se presuma una vulneración de derechos, se dará intervención al Consejo de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, se asesorará a las familias de las víctimas sobre los canales de comunicación con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA.

El protocolo busca no solo sancionar, sino también restaurar y prevenir, con el objetivo de promover un entorno escolar seguro y respetuoso. En este sentido, destaca la importancia de generar un marco institucional adecuado para que los estudiantes que hayan cometido actos de violencia digital puedan reintegrarse a la actividad escolar de manera efectiva, adoptando las medidas necesarias para su revinculación con sus compañeros y docentes.