Ayer, en medio del discurso que duró dos horas exactas, Alberto Fernández le dedicó unos minutos a la educación. En la apertura del 141° período de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente defendió su gestión educativa: dio números de escuelas construidas, de estudiantes conectados, insistió también con la necesidad de crear nuevas universidades nacionales, pero la novedad radicó en el anunció de un proyecto: la Ley de Expansión de la Inversión Educativa.
En realidad, no fue una sorpresa del todo. Se presumía que el mandatario iba a mencionar que durante este año legislativo presentarían el proyecto en el Congreso. Dos semanas atrás, en el acuerdo paritario que firmó con los gremios docentes, asumió el compromiso de tratar una nueva ley de financiamiento y, de hecho, la sola mención en el discurso fue celebrada por los sindicalistas. Desde hace años era una de las banderas de los gremios.
“La educación es el cimiento de todo proyecto de país. Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno, miren la política educativa”, expresó Fernández durante su discurso, cuando anunció el proyecto. En resumidas cuentas, la nueva ley que se tratará propone elevar la inversión educativa: pasar del 6 al 8 por ciento del PBI en un plazo gradual de diez años, para alcanzar esa meta en 2032.
Lo que podría resultar una propuesta unánime -subir la inversión en educación- en realidad esconde una falacia. Más bien, antecedentes que hacen desconfiar de su viabilidad. Es que la Ley de Financiamiento Educativo aprobada por el Congreso en 2005, la norma aún vigente hasta hoy, estipula que la inversión debe llegar al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Desde entonces, esa meta solo se alcanzó en dos años.
Un informe reciente del Observatorio Argentinos por la Educación, que tuvo como autor a Mariano Narodowski, reveló que entre 2006 y 2020 solo se alcanzó el piso de inversión en dos ocasiones: 2013 (cuando aún contenía ciencia y tecnología) y 2015 (aquí sí como única área). En el resto, con fluctuaciones, siempre estuvo por debajo de ese mínimo de 6% del PBI.
Si bien desde el Ministerio de Educación Nacional no quisieron brindar precisiones, se sabe que el proyecto contendrá metas intermedias para la próxima década, con el objetivo de alcanzar ese mentado 8% en 2032.
Con la vigente ley de financiamiento ocurrió lo mismo. Entre los años 2006 y 2009 se establecieron metas intermedias hasta llegar al objetivo en 2010: 4,7% en 2006, 5% en 2007, 5,3% en 2008 y 5,6% en 2009. Como se ve, solo en este último año se cumplió el objetivo intermedio trazado. “Al año siguiente, la meta debería ser del 6% y una vez alcanzada, ese porcentaje habría de ser solo para educación, excluyendo a ciencia y tecnología. Actualmente rige esa meta”, precisó el informe del Observatorio.
El ejercicio que hicieron los autores fue estimar, entonces, cuál fue la deuda acumulada entre 2006 y 2020, en términos monetarios, por el presupuesto que faltó asignarle a la educación para cumplir con ese piso de 6% del PBI. “Se contrajo deuda con la educación todos los años analizados, excepto 2009, 2013 y 2015, cuando la ejecución presupuestaria excedió a la meta anual del porcentaje sobre PBI”, explicaron.
Esa deuda no es exclusiva del Estado Nacional. De hecho, la mayor parte del gasto en educación -3 de cada 4 pesos- recae en las provincias. Los tres años de mayor deuda contraída fueron 2019 (por un estimado de $841.000 millones), 2018 ($751.000 millones) y 2020 ($570.000 millones), expresados en pesos constantes del 2022.
Como números globales, el período que abarca desde 2006 hasta 2020 reflejó que el tamaño de la deuda acumulada con la educación alcanzó el equivalente al 5% del PBI de 2020. Esa proporción del producto es equivalente a 3,4 billones de pesos -con la nominalidad de 2022-. Sus estimaciones muestran que esa cifra equivaldría, a su vez, a USD 26.009 millones. Como comparación, sería casi el 60% de lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional.
Con ese deuda enorme acumulada, la presentación de un proyecto de inversión educativa -cuya meta excede a la que ya no se cumple- resulta al menos contradictorio. Sería más lógico, quizás, empezar por garantizar todos los años, sin excepción ni distinción de gobierno de turno, el 6% del PBI.
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