La Justicia de la ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar la toma de distintos colegios porteños que ocurrieron esta semana a instancias de una denuncia que presentó el Ministerio de Educación y la Procuración General. Para eso, la Policía de la ciudad se presentó en los domicilios de los padres de esos alumnos para notificarlos del inicio del expediente por violación al Código Contravencional.
En los últimos días colegios de la ciudad fueron tomados por distintos reclamos: la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone. El Carlos Pellegrini también está tomado pero se encuentra bajo la órbita del gobierno nacional y no de la Capital Federal.
A esta lista hay que sumarle la escuela de Música Juan Pedro Esnaola, que también estaría ocupada, y el colegio Mariano Acosta, que estuvo tomado desde el viernes pasado y, si bien la protesta ya fue levantada, los alumnos decidieron permanecer toda la noche en el edificio hasta esta mañana, cuando realizaron un abrazo simbólico. En total son 12.
Ante esos casos, se puso en práctica el protocolo de tomas que elaboró el Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña. Allí se establece que los padres de los chicos que realizan las protestas deben ser informados para que retiren a sus hijos de las escuelas. Y en el caso de los padres avalen la presencia de los menores en las instituciones, se les inicia una causa judicial. Uno de los puntos tiene que ver con el alcance de las responsabilidades de los directivos de los colegios, que ante una toma excede el ámbito educativo.
Eso puso de manifiesto hoy el Consejo Directivo del colegio Carlos Pellegrini que está tomado desde ayer a la noche. “Queridas Familias, les informamos que las autoridades no podemos hacernos cargo de la integridad de los estudiantes ni de las acciones que estos tomen en la escuela mientras dure la toma. Considerando la responsabilidad del deber parental de su cuidado, son las familias las garantes por la integridad de los mismos y sus actos”, señalaron desde la institución en un comunicado.
Por esa situación, el gobierno de la ciudad hizo seis denuncias, según pudo saber Infobae. La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Presedo, de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, que como primer paso dispuso que los padres sean notificados del inicio del expediente en sus domicilios. Ese trámite fue realizado por la Policía de la Ciudad.
Fuentes judiciales señalaron que la notificación surge del Código Procesal Penal de la ciudad de Buenos Aires, que establece que todo acusado tiene derecho a designar a un abogado.
Lo que se investiga es la violación al artículo 60 del Código Contravencional: “Ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. El artículo establece que “quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos”.
La presentación de policías en las casas de las familias de los chicos que toman colegios generó algunas críticas. “La campaña del Gobierno de la Ciudad para amedrentar a estudiantes y familiares que participan en las tomas de las escuelas continuó ayer con policías en patrulleros que fueron a notificar a los jóvenes denunciados a las puertas de sus casas”, publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su cuenta de la red social Twitter.
La justicia también avanza con la causa contravencional. Entre otros medidas dispuso la presencia de la Policía de la ciudad en las escuelas para que informe el estado de situación de la toma, que declaren testigos y que se incorporen al expediente toda la información que puedan suministrar las autoridades de los colegios.
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