El gobierno porteño calificó la toma del colegio Mariano Acosta como una medida violenta y responsabilizó al kirchnerismo

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, calificó hoy como una “medida violenta y política” la toma del colegio Mariano Acosta por parte de un grupo de estudiantes y responsabilizó al kirchnerismo de “fogonear” este tipo de acciones, que se podrían replicar en otros establecimientos educativos.

“Tomar una escuela es una medida violenta que vulnera el derecho del resto de los chicos; es inentendible por lo inesperado y pasaron de 0 a 100 en una sola semana”, sostuvo la funcionaria de la ciudad de Buenos Aires, y agregó: “Desde la semana pasada advertimos a la comunidad educativa que recibimos manuales con discursos para que los chicos repitan y las instrucciones para tomar una escuela, fogoneado y repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato, UTE, y de algunos legisladores”.

La medida de fuerza de los estudiantes comenzó el viernes pasado, se extendió durante el fin de semana y, al menos, se extenderá hasta la tarde de hoy, lunes, cuando se realice una nueva asamblea para definir los pasos a seguir. Según indicó a Télam Kianara Ledo, alumna del centro de estudiantes, desde hace tres semanas se llevan a cabo diferentes medidas para visibilizar diversos reclamos.

“Primero nos movilizamos, después elevamos una carta a la ministra (de Educación porteña) Soledad Acuña explicándole todos los reclamos de la comunidad educativa: falencias edilicias, falta de viandas, reformas inconsultas que tomaron, secundaria del futuro y como nos marginan de las decisiones que se toman en nuestros colegios”, señaló.

Acuña, en tanto, y en diálogo con TN, insistió en que la protesta “claramente está vinculada con lo que el sindicato y el kirchnerismo viene haciendo en el último tiempo”, al tiempo que advirtió que “los responsables sobre los menores de edad en un edificio público son lo padres, tanto por cualquier daño patrimonial como por cualquier situación que podría suceder; en 2018 ya tenemos el antecedente de que 41 padres y madres fueron procesados, porque es una intrusión sobre el espacio público”.

“Es una manifestación violenta y política, no hay ninguna anticipación de que esto podía pasar, no hay ningún reclamo concreto conocido con anterioridad que justifique una medida así”, completó la ministra Acuña, que también afirmó que el ministerio envió a dos funcionarios a dialogar con los estudiantes, algo que fue rechazado

Por otro lado, el vicerrector de la institución en cuestión, Julio Pascuarelli, respaldó el reclamo estudiantil pero advirtió que “hay que encontrar otras formas de protesta”. ”Tenemos severas situaciones de riesgo por la falta de arreglos, docentes y estudiantes lastimados porque no hay mantenimiento en la escuela, nos reunimos a principio de año con la empresa a cargo pero tardan demasiado, las calderas no funcionaban y empezaron a hacerlo en julio, casi agosto, no hay mantenimiento de electricidad y no tenemos informe de cimientos”, protestó.

En simultáneo con la asamblea prevista en el Mariano Acosta, estudiantes de otras instituciones se reunirán hoy para votar por adherir o no a la toma de colegios.

Frente a esta situación el Ministerio de Educación porteño envió una carta a todas las familias en la que les recuerdan que están vigentes las “Pautas para la convivencia escolar” que se aprobaron en 2018. “Una toma impide el normal dictado de clases, la realización de las actividades previstas y el ejercicio del derecho a la educación. El rol de las familias es imprescindible para continuar garantizando el derecho a la educación. Su compromiso y participación son fundamentales”, expresa el comunicado.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires diseñó un “protocolo anti toma de colegios” que transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En caso de que los alumnos ocupen una la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, debe hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.

Ante el llamado de las autoridades por una ocupación, los padres deben pasarlos a buscar o bien autorizar la toma con las posibles multas que ello conlleva. La decisión consta en un acta que cuando se presente un caso de vandalismo llega a la Procuración General -previo paso por el ministerio- que dispone multas económicas de acuerdo a los daños.

Cuando hay una toma, quedan sin vigencia las autorizaciones que se emiten a principio de año para que los chicos se puedan retirar por su cuenta de la institución.

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