Por considerar que no tiene competencia para expedirse sobre un Decreto Nacional, la justicia de La Plata rechazó este lunes dos amparos que pedían que no se suspendan las clases presenciales en los distritos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como decidió el presidente Alberto Fernández.
Uno de los recursos que no prosperó fue el que habían impulsado las autoridades del colegio Esseri, una institución de enseñanza privada ubicada en el límite entre las localidades de Melchor Romero y City Bell, que se declaró en rebeldía luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la suspensión de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril.
Según publicó el diario El Día, el Tribunal de Trabajo 5 de esta ciudad, integrado por los jueces Federico Escobares, Enrique Catani y Daniel Sánchez Sierra, resolvió por unanimidad negar la cautelar solicitada por ese establecimiento, por entender que “la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha declarado en forma reiterada que -en virtud de lo que prescribe el art. 116 de la Constitución Nacional- le corresponde conocer a la justicia federal en las controversias suscitadas con entidades nacionales”.
Una decisión similar tomó el mismo día la titular del Juzgado de Familia 6 de La Plata, María del Rosario Rocca, al resolver un amparo presentado contra la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de adherir a las medidas de restricción tomadas por el jefe de Estado para el AMBA.
“Lo dispuesto a nivel local ha de ser en directa aplicación de las directrices emanadas del Decreto de Necesidad de Urgencia 241/2021, que por su naturaleza de norma nacional, escapa a la competencia de la justicia provincial”, sostuvo en el fallo al que tuvo acceso la agencia Télam.
En el texto, la magistrada agregó que “por tanto, y en orden al reclamo impetrado no corresponde el examen de la cuestión traída”, y “a la luz de la falta de competencia” de su tribunal para expedirse “respecto de cuestiones de orden federal como lo es el dictado” de un DNU firmado “por la máxima autoridad del poder administrador”, consideró que corresponde que el asunto sea “evaluado por la Justicia federal”.
“Considerando que lo que se encuentra en juego es la interpretación y aplicación de una norma federal que excede el marco de la jurisdicción provincial conforme lo previsto en los arts. 116 CN y 2 de la ley 48, prevalece la competencia federal en el examen de la cuestión traída”, concluyó.
El viernes pasado, cuando el Gobierno confirmó que a partir del lunes las escuelas del AMBA debían cerrar sus puertas y sus alumnos tendrían que continuar con el proceso de aprendizaje de manera virtual, varias instituciones educativas manifestaron su rechazo.
Una de ellas fue el colegio Esseri, el cual resolvió mantener la continuidad pedagógica en las aulas ante la situación de “emergencia emocional” de los estudiantes y anunció que iba a utilizar todos los ”instrumentos legales necesarios para hacer valer el derecho de cada niño y niña a su acceso a la educación y el respeto a su integridad como personas, siempre priorizando la responsabilidad en el cuidado de su salud”.
“Esta nota es quizás la más importante que nos ha tocado enviar”, anticiparon en el texto desde la escuela. “Nuestro Colegio ha establecido protocolos, capacitado al personal, y adecuado las instalaciones para cuidar la salud de todos. Es por ello, que tanto en el Nivel Inicial como en el Nivel Primario, prácticamente no hemos registrado casos de COVID. Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de la Educación en Argentina, con casos de contagio menores al 1%”, apuntaron las autoridades del establecimiento en un mensaje dirigido a las familias de sus alumnos.
El texto, firmado por los directivos y representantes legales Flavia Juliano, Eugenia Scarpinell, Ana Laguna y Guillermo Santillán, comunicó que mantendrá la continuidad de las clases presenciales en el nivel inicial y primario, “con las condiciones mixtas de virtualidad y presencialidad por burbujas”.
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