A dos años del Gobierno de Alberto Fernández, el campo lamenta “desencuentros y embates” e insiste en la necesidad de un cambio de rumbo

Alberto Fernández preside hace ya dos años la Argentina, tras ganar las elecciones por más del 48% de los votos. Su objetivo de gobierno era simple: sacar al país de la crisis económica y renegociar la deuda externa. Nadie preveía la pandemia que llegó al país a los 100 días de iniciada su gestión ni los efectos devastadores sobre la economía y la sociedad.

Para el sector agropecuario se abría un nuevo desafío y consigo una incógnita: ¿sería una reedición del kirchnerismo, con el campo como adversario y enemigo público número uno, o Fernández habría aprendido de los errores del pasado e impulsaría una nueva relación con un sector clave para la economía del país y que lo fue más aún durante la pandemia?

Nadie del sector ni del oficialismo preveía una relación fácil ni libre de discusiones o desencuentros, pero lo que ninguna de las partes podría haber adivinado es un desgaste tan grande en tan poco tiempo, que llevó a que gran parte de la ruralidad rechace o desconfíe de cualquier política que impulse el Gobierno.

Entre las principales medidas que generaron disgusto o dispararon medidas de fuerza durante 2020, se destacaron el aumento de la presión fiscal a partir de la suba de retenciones a los granos, lo que le valió al Gobierno el primer cese de comercialización a principios de ese año, y la intención del oficialismo de expropiar Vicentin a partir del default de la agroexportadora, que suscitó una fuerte resistencia de todo el arco agropecuario y agroindustrial, que salió a las calles junto a la ciudadanía a defender la propiedad privada.

A finales del año pasado y principio de 2021, el cierre de las exportaciones de maíz detonó un nuevo paro agropecuario. Pero un hecho más significativo fue la imposición del cepo a las exportaciones de carne vacuna: provocó un gran malestar y un nuevo cese de comercialización de hacienda y se convirtió en un punto de inflexión en la relación del campo y el Gobierno. Se produjo un desgaste y un quiebre que derivó en un escenario de constante tensión.

A esto hay que sumarle cuestiones como la aprobación o impulso de leyes que el sector consideró contrarias a la producción, como la Ley del Fuego o la imposibilidad de los productores de soja a acceder a créditos a tasa subsidiada por retener más del 5% de sus granos. Como puntos positivos se encuentran el envío del proyecto de ley de Fomento a la Agroindustria, diseñado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la quita o baja de retenciones a algunas economías regionales.

La visión del campo

Es por eso que desde el campo entienden que los dos primeros años de gestión fueron de “desencuentros” entre el sector y el Gobierno. La confianza se fue perdiendo a pasos agigantados hasta casi extinguirse, el diálogo fue en general improductivo. No hubo previsibilidad ni certidumbre para invertir.

Así consideró el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, quien criticó no sólo el “diálogo estéril” que se dio sobre todo durante la gestión de Luis Basterra al frente de la cartera agropecuaria, sino también la manera en que el Gobierno decidía las políticas agropecuarias, aunque vio un giro en ciertas medidas aplicadas después de las elecciones legislativas de noviembre, como la flexibilización del cepo exportador a la carne.

Es por esto que el dirigente agropecuario sintió “defraudación” a sus esperanzas. “No esperaba que sea así. Pensé que tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner habían aprendido de los errores e iban a tratar de hacer algo distinto, pero aplicaron todas las modalidades que ya habían llevado a cabo. Eso hizo que fuéramos a un camino de confrontación e incluso, que hayan intentado eludir a la Mesa de Enlace y reemplazarla por cualquier otro actor”.

Para el presidente de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) y referente de los productores autoconvocados, Osvaldo Martín, los primeros dos años del Gobierno estuvieron signados por “embates” hacia el campo y cono iniciativas y mensajes “incoherentes” que debilitaban la posibilidad de generar estímulos a la producción.

Pero Martín no se mostró sorprendido. “Esto es lo que esperaba. Cada tanto sale una medida o un comentario contra el sector y eso hace que nunca tengas tranquilidad. Y lamentablemente, imagino los próximos dos años con los productores a la defensiva. Por más que haya un nuevo ministro, no se generan cambios, no se palpa nada. Veo un panorama igual o peor”, comentó.

La visión de la industria

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, sostuvo en diálogo con este medio que la política del Gobierno hacia el sector estuvo “condicionada” por la pandemia, pero también por una elevada inflación y una multiplicad de tipos de cambio, lo que derivó en decisiones negativas: “existencia de una política de control de precios, dificultades para operar normalmente el mercado exportador de granos y carne bovina, y una alta carga tributaria para exportar en el complejo oleaginoso, principal rubro exportador nacional”.

El dirigente, también referente del CAA, ponderó la sinergia en cuanto a la organización para garantizar el trabajo de la industria entre el Gobierno y el sector durante la pandemia. Sin embargo, remarcó “no siempre se logró una visión común sobre la problemática de la inflación y el precio de los alimentos” e indicó la necesidad de no “intervenir sobre las condiciones de producción porque genera distorsiones y caída de producción”.

Para los próximos dos años de gestión, Idígoras consideró “imprescindible” que el Gobierno lance una política agroexportadora agresiva, ya que “no hay otra forma de salir del cerrojo de la escasez de dólares sin más exportaciones y una balanza comercial favorable. Para eso tiene que convencer a sus legisladores para que aprueben la Ley de Inversión agroindustrial del CAA, así como eliminar retenciones a las economías regionales, replantear las mismas para el complejo agroindustrial de la soja con un cronograma efectivo de baja”, entre otros puntos.

Por último, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), Daniel Urcía, consideró que en las últimas semanas se produjo un cambio en la política del Gobierno nacional hacia la cadena cárnica, pero lamentó que durante este tiempo no haya habido “políticas hacia el sector”.

“En el sector de ganados y carnes no hubo una política, no hubo gestiones, no hubo diálogo”, sostuvo Urcía, al mismo tiempo que señaló que debe haber un equilibrio y consenso en el diseño de la gestión entre todos los actores para generar el crecimiento de la actividad en su conjunto.

“Tiene que haber un equilibrio y fundamentalmente a los que les toca ocupar cargos, deben gestionar y liderar para que funcionen esos equilibrios”, mientras que a futuro consideró que “el cambio que le ha dado Julián Domínguez generó confianza y expectativas. En la medida que se siga por esta senda, me parece que es el camino correcto para el sector de ganados y carnes”, aunque ató su éxito al devenir de la economía nacional.

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