Cuánto deja de recaudar el Gobierno por el RIGI, a qué provincias beneficia y el reclamo al FMI

El Gobierno apuesta a tratar en octubre el Presupuesto 2027 en el Congreso, pero el proyecto sumó cuestionamientos por el gasto tributario asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los cálculos sobre los ingresos que el Estado deja de percibir por los beneficios impositivos a las empresas quedaron sobre la mesa por parte de diputados y economistas como Marina Dal Poggetto, además del bloque del peronismo, que elevó el reclamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La directora ejecutiva de la consultora Eco Go, Dal Poggetto, explicó el funcionamiento del esquema tributario del RIGI frente al régimen general. Según sus cálculos, si todas las empresas con proyectos adheridos pagaran impuestos bajo el régimen general, el total ascendería a casi USD 26.000 millones. Con el RIGI vigente, esa cifra baja a USD 17.500 millones, lo que arroja una diferencia de USD 8.500 millones, equivalente a una tercera parte del total.

“Una cosa es el gasto tributario, que se pone en el presupuesto siempre porque es cuánto pagarían las empresas que están operando en Argentina por el régimen general versus el régimen que tienen”, detalló Dal Poggetto. La economista planteó que la pregunta relevante es quién financia esa diferencia.

De acuerdo con su análisis, de los USD 8.500 millones que representa la diferencia, la Nación aporta USD 6.200 millones y recibe USD 9.900 millones, es decir, 1,6 veces lo que aporta. Las provincias con proyectos RIGI, en cambio, ponen USD 1.200 millones en impuestos y reciben USD 5.000 millones, es decir 4,16 veces lo que aportan. “El juego es un esquema tributario que de alguna forma favorece a las provincias que tienen alocados los proyectos, es la contracara de un esquema que intente distribuir desde el punto de vista de la política fiscal”, sostuvo la directora de Eco Go.

Estimación de la oposición

El diputado Guillermo Michel, del bloque Unión por la Patria (UP), aportó su propia estimación del gasto tributario que, según su planteo, no figura en el proyecto de Presupuesto. Según datos que difundió, hasta la fecha son 23 los proyectos aprobados bajo el RIGI, con una inversión total de USD 49.766 millones y una proyección de 108.450 puestos de trabajo generados.

Del total de la inversión, el 47% se desembolsa hasta 2028 inclusive. Por sectores, Michel detalló que hay dos proyectos de energía eléctrica, siete de petróleo y gas, 12 de minería, uno de siderurgia y uno de infraestructura.

“El mayor dibujo del presupuesto es la ausencia total del gasto tributario (lo que el Estado deja de recaudar) por el RIGI”, afirmó Michel en la red social X. Según su cálculo, ese gasto tributario oculto asciende a USD 3.359 millones anuales, el equivalente a 0,49 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI), cifra que aplica cuando los proyectos estén en “plena ejecución”. El diputado remarcó que esta condición cobra relevancia porque el 47% del total de la inversión recién se desembolsa hasta 2028.

Reclamo al FMI

En paralelo, mientras se desarrollaba en el país la misión del FMI por la tercera revisión del programa vigente, el bloque peronista de la Cámara de Diputados envió una carta formal a la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en la que planteó que el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 resulta “inconsistente” y otorga “discrecionalidad” al Poder Ejecutivo en un año electoral.

La carta sostiene tres ejes de cuestionamiento. El primero apunta precisamente a que el superávit primario propuesto por el Gobierno, de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PBI, está sobreestimado porque no contempla el gasto tributario del RIGI, estimado en los mismos USD 3.359 millones anuales que detalla Michel en su documento.

El segundo cuestionamiento se refiere a la llamada “Jurisdicción 91”, que pasa de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto. De ese total, $7,7 billones no cuentan con ley ni criterio de asignación. “No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’”, señala la carta, que agrega que ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija un criterio de reparto. El documento sugiere que esos fondos funcionan como una herramienta para auxiliar o presionar a provincias que no logran cubrir el pago de sueldos o requieren fondos adicionales.

El tercer punto refiere al aumento de la inversión financiera neta prevista para 2027 respecto de 2026, que se duplica en términos nominales, de $9,8 billones a $17,4 billones. La carta explica que esto implica, en términos contables, que el Poder Ejecutivo Nacional propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y las fuentes financieras netas al incremento de inversiones financieras temporarias, caja y bancos u otras inversiones financieras.

Los tres planteos —el de Dal Poggetto sobre la distribución entre Nación y provincias, el de Michel sobre la magnitud del gasto tributario oculto y el de la carta del bloque peronista sobre la discrecionalidad presupuestaria— coinciden en señalar la falta de inclusión del costo fiscal del RIGI como un elemento central del debate sobre las cuentas públicas de 2027.